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Posición del PRI sobre "el caso Padrés"

HERMOSILLO, Son.- Ante los hechos relativos a la comparecencia y aprehensión del exgobernador del estado Guillermo Padrés, el CDE del PRI manifiesta:

1.      Esperamos y demandamos de las autoridades federales tanto de la Procuraduría General de la República, como del Poder Judicial Federal, el más estricto apego a la ley en sus actuaciones.

2.      Nos sumamos a la exigencia de la sociedad por que se reintegre a los sonorenses los recursos que ilegalmente se hayan desviado.

3.      La aprehensión del exgobernador es una noticia esperada por la sociedad en su conjunto.

Más allá de filiaciones partidistas, la exigencia de una pronta y correcta aplicación de la ley en este asunto nos ayudará a fortalecer la confianza en nuestras instituciones. El agravio no prescribe. Ahí están los miles de sonorenses a los que no les llegó la atención médica, el servicio público a que tiene derecho o el apoyo en becas para sus hijos, y que ahora exigen un justo trato para poder desarrollarse.

4.      En un año, el trabajo disciplinado, permanente y cálido de la Gobernadora Claudia Pavlovich ha logrado reestablecer la comunicación con todas las fuerzas políticas, económicas y sociales del estado para que la economía crezca y los servicios de salud, educación y muchos otros lleguen de inmediato a la población. Su capacidad de gestión frente al gobierno federal ha sido clave para mantener al gobierno caminando y ordenándose, sobre todo por que enfrentaba una situación de quiebra de facto en que encontró la hacienda pública del estado.

5.      Manifestamos nuestro más contundente rechazo a la campaña mediática que pretende hacer pasar la aplicación de la ley por una persecución política. Todos conocemos ejemplos de persecuciones políticas en el mundo y en México. Este asunto no se acerca ni remotamente a esa idea. Aquí se está aplicando la ley en la persecución de delitos patrimoniales cometidos en perjuicio de los sonorenses. Las persecuciones políticas en todo caso tienen que ver con conceptos ideológicos y convicciones sociales, este asunto se restringe estrictamente a la disposición de recursos de manera ilícita.

6.      El PRI se pronuncia por que, apegados estrictamente a la ley, las autoridades federales y locales desahoguen todas y cada una de las actuaciones de fiscales y jueces para que se reintegre a los sonorenses el patrimonio que les fue ilícitamente despojado, y para que se impongan las penas a que haya lugar a aquellos que resulten responsables de esos delitos.

7.      La Justicia como valor esencialmente social, como un bien público altamente apreciado y deseado por los sonorenses debe vivirse dentro de la ley. Así como también debe satisfacer el anhelo social de las restituciones y castigos que correspondan, para que estos lamentables hechos y conductas no se repitan nunca en nuestra historia.