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Más que caras, elecciones de 2018

+ Fracasa el intento de homologar el proceso federal con los locales para abatir costos

CD. DE MÉXICO, 6 de Febrero de 2018.- Martes 6 de febrero de 2018.- Este 2018 se realizará el proceso electoral más grande de la historia en México y por ende, su costo será acorde a las dimensiones de los comicios federales y 30 locales.

Información oficial sitúa el costo total en 45 mil 620 millones de pesos, cifra qye pudiera pagar los daños dejados por el los sismos de septiembre, pero analistas creen que pudiera ser superior aún, pues organismos públicos locales electorales y tribunales estatales electorales negocian ampliar presupuestos para asumir sus responsabilidades.

Los comicios federales tendrán gastos por 28 mil 269.7 millones de pesos, que serán 24 mil 215 millones al Instituto Nacional Electoral (INE), 3 mil 893 millones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y 161.7 millones a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

Esa cantidad será para elegir presidente de la República, 128 senadores y 500 diputados federales.

Luego debe medirse la organización de 30 comicios concurrentes, pues Baja California y Nayarit no los tendrán; se contemplan nueve gubernaturas, todos los congresos locales (con excepción de Coahuila) y alcaldías (excepto en Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tlaxcala), lo cual significa un gasto de 15 mil 486 millones de pesos y mil 864 millones de los tribunales electorales locales, lo cual deja la consideración de que se ha fracasado en la meta de abatir los costos electorales.

Este año se registraron recortes en nueve, incluidos los 800 millones de pesos que redujo la Cámara de Diputados al INE. Pero la homologación en los procesos federales y locales qye suman elección en 3 mil 226 cargos, tiene un mayor impacto financiero, a pesar de las determinaciones de conjuntar la organización de dichos comicios para abatir costos, según los objetivos de la reforma.

La reforma de 2014 pugnaba por abatir los costos, pero éstos se encuentran asociados a una historia de desconfianza que obliga a establecer candados en cada elección, que implican recursos, sostiene la consejera del INE Pamela San Martín, quien ha sido responsable de la coordinación con los organismos electorales estatales.

A tres años de la reforma, bajo un régimen en donde los consejeros locales son designados por el Instituto Nacional Electoral, pero el presupuesto lo asignan los poderes estatales, las condiciones de operación de los Oples es diversa.

Hay casos como Sonora, Tlaxcala o Veracruz, donde las restricciones financieras impuestas en lo local han puesto en riesgo tareas fundamentales, y otros que han presupuestado indebidamente tareas que con la reforma ahora las asume el INE.

Esa ambivalencia de los Oples por su condición de ser designados por el INE, pero dependientes económicamente de los poderes estatales, repercute en la diversidad en las condiciones en que operan.

Y hay diferencias presupuestales derivadas en gran medida por las dimensiones de los padrones electorales. Este año por un lado tendrá al instituto mexiquense 2 mil 701 millones de pesos, en tanto que el de Baja California Sur apenas alcanza 11 millones.

En Morelos, el Congreso local aprobó únicamente 55.3 millones de pesos al Instituto Morelense de Procesos Electorales, cuando en 2015 ejerció 168 millones.

Chihuahua aprobó 517.4 millones de pesos, pero el Congreso recortó 72 millones al gasto del Ople, lo que motivó la promoción de un juicio ante el TEPJF.

Baja California Sur solicitó 167 millones de pesos y recibió 111 millones; Campeche requirió 236 millones y le asignaron 207; en Hidalgo requirieron 359 millones y les otorgaron 290.4; en Oaxaca le asignaron 198 millones, de los cuales 143 millones corresponden a prerrogativas partidistas, cuando se solicitaron 345 millones; al organismo en el estado de México le redujeron 62 millones de pesos, y en Tlaxcala se le asignaron 75 millones, pero ya requirió una ampliación de 51 millones de pesos.