Congresistas, cultura de ilegalidad
En los últimos días del puente maratónico Guadalupe-Reyes, se celebra la partida de rosca. Cada funcionario lo hace a su manera; la forma más vistosa fue la del jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard, que compartió 720 metros de rosca en la plaza mayor del zócalo capitalino.
Un evento masivo para degustar 900 kilos de pan que patrocinaron decenas de empresarios. Un acto que se antoja de distracción para que la gente se olvide, al menos por un rato, de que los políticos deben hacer algo más que estas celebraciones para bien gobernar.
Así, un reconocimiento tácito a este respecto lo hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, al destacar que en lo que respecta al legislativo, para que mejore la situación de México ya no se trata de hacer más leyes sino de cumplir las que ya existen.
En este caso, corresponde entonces aún más a los poderes ejecutivo y judicial hacer su tarea de aplicar las leyes existentes y respetarlas. El legislativo no necesita hacer más leyes para que mejore la situación económica, de seguridad y social del país.
Y es que la Constitución Mexicana está catalogada como una de las mejores del mundo, sobre todo porque establece garantías individuales inalienables a todo ser humano.
Desafortunadamente esas leyes no las cumplen las autoridades competentes, y por ello seguirán impunes crímenes como la masacre de 72 centroamericanos en Tamaulipas, la muerte de 49 niños en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo; los asesinatos de la defensora de los derechos humanos Digna Ochoa y el reciente ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua, de la activista Marisela Escobedo, entre otros tantos.
Para desgracia de México, la clase política de la época moderna, primordialmente, ha dado muestras palpables de que es una lacra para la sociedad.
Y si es cierto lo que sugieren los sociólogos de que “Cada pueblo tiene el gobierno que merece”; en México correspondería a la sociedad hacer la limpia necesaria para tener un buen gobierno. Y sin duda las elecciones son un buen punto para que la ciudadanía deje escuchar su voz, que es unánime en el sentido de que por igual los gobiernos del PRI, PAN y PRD le han fallado al pueblo mexicano.
Cierto es que la clase política mexicana carece de una cultura de legalidad y respeto al estado de Derecho. Los hacedores de las leyes las hacen dejando recovecos, que les permiten más tarde interpretarlas a su propio beneficio y el de sus allegados, socios y parientes.
Ahí está la nueva ley electoral que impide las candidaturas sin partido; o la anti-obesidad, que permite la venta de chatarra en las escuelas, la que expenden los empresarios con los cuales se llegó a un arreglo particular legisladores-IP.
La impunidad es el mayor flagelo de nuestra sociedad, por lo que corresponde a las autoridades judiciales hacer su trabajo, y en ese sentido se han pronunciado actores políticos en su mensaje de bienvenida al nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, Juan Silva Meza. Su misión primordial es erradicar la impunidad de este país, que ocupa el segundo lugar en corrupción a nivel mundial.
El nuevo año en el Congreso
La nueva modalidad en el trabajo legislativo es que las comparecencias de los funcionarios se harán en bloque, con los servidores públicos que revisan conjuntamente temas comunes. Así, las primeras comparecencias programadas para antes del día 15 de enero son para abordar el tema de los migrantes y el alza de los precios en combustibles, canasta básica, transporte y sus derivados.
El tema migratorio lo consideraron de urgencia los legisladores a razón del asesinado masivo de 72 centroamericanos en su paso por México hacia la Unión Americana en agosto, y los 40 desaparecidos en Chahuites, Oaxaca, el 16 de diciembre anterior.
Así se analiza citar conjuntamente al secretario de gobernación, al comisionado del Instituto Nacional de Migración y al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de que expliquen las acciones emprendidas para brindar protección y seguridad a los migrantes extranjeros que se internan en México para llegar a Estados Unidos.
Una comparecencia conjunta que permitirá, o al menos eso se busca, que el legislativo tenga una respuesta concreta acerca de los alarmantes datos de Amnistía Internacional que establece que en 2010 fueron secuestrados en México unos 20 mil migrantes extranjeros, principalmente centroamericanos. Y así evitar así que se echen la bolita uno a otro los funcionarios cuando comparecen de manera individual.
Para el tema económico, la comisión permanente plantea citar al secretario de Hacienda, al de economía y al encargado de la Profeco, para que hablen sobre la inexplicable alza de precios en los básicos, que afectará la economía de las familias de menores recursos y disparará la inflación.
Sobre esos temas, migración y económico, corresponde al legislativo sólo la tarea de la vigilancia, reafirmó el también presidente de la Comisión Permanente, Jorge Carlos Ramírez Marín. Y pues algo es algo.