Michoacán, entre narcos y políticos
CD. DE MEXICO.- A la pregunta de la hermana del Presidente, Luisa María Calderón:
¿Para qué diantres es gobernador Leonel? en referencia a la violencia en Michoacán que ha dejado como acto más escandaloso el asesinato del alcalde Ricardo Guzmán; la respuesta se puede revertir con la misma intensidad pero en sentido contrario:
¿Para qué diantres es presidente Felipe Calderón? la violencia no disminuye sino aumenta en el marco de la guerra contra el narco.
Se dice que en esto de la política es mejor no pisarse la cola porque todos la tienen muy larga. Así, los argumentos de cada político conllevan la autodestrucción. No obstante, como en un juego de espejos, en la Cámara de Diputados los legisladores retomaron la guerra sucia electoral que se ha vivido en Michoacán entre PRD, PAN y PRI y en la máxima tribuna hicieron proselitismo.
El diputado José María Barajas del PRD denunció el uso de recursos públicos para la campaña de la candidata del PAN; que en seguridad gasta por día 2 millones de pesos: paga a un grupo de 200 brigadistas de 200 personas cada uno y cuenta con la protección del estado mayor presidencial. La denuncia, como si el candidato del PRD, Silvano Aureoles no tuviera prebendas por que el actual gobernador de la entidad es de extracción perredista.
El priista Heliodoro Díaz Escárraga como si no se tratara de la escuela que dejó el PRI, denunció el uso de programas sociales del gobierno federal para favorecer a la candidata del PAN. Y para disminuir al PRD que ha gobernado en los últimos años, la diputada Laura Suárez del PAN recordó la tragedia de la plaza pública un 16 de septiembre en que detonó una granada dejando muerte, mutilación y horror entre los pobladores.
La garantía de un buen gobierno para los michoacanos no la da ninguno de estos partidos a mediano ni largo plazos. A corto plazo las condiciones de seguridad para los candidatos Silvano Aureoles del PRD, Fausto Vallejo del PRI y Luisa María Calderón del PAN, y los votantes tampoco están garantizadas. Y las elecciones del próximo domingo en la tierra purépecha serán un evento de alto riesgo, pues ni el narco está controlado ni los políticos tampoco.
“2 de octubre” día de luto nacional
A unos meses de que los diputados de la LXI legislatura finalicen su gestión de tres años como representantes populares aprobaron que el día “2 de octubre” sea considerado de luto nacional; contrario a lo que habían acordado los priistas de 1968 y los 20 años que le sucedieron a esa fecha, cuando el asunto quiso ser borrado de la memoria colectiva y para la historia escrita de México ni siquiera sucedió.
La propuesta del entonces diputado federal y ahora senador de la República Pablo Gómez, quien vivió los días de la represión militar en la ciudad de México y fue preso político en la cárcel de Lecumberri, había permanecido en la congeladora legislativa por varios años.
Pero en vista del paso del tiempo, que no ha curado la herida, pues “2 de octubre” no se olvida ni se olvidará, ganó el coraje y la perseverancia de los diputados del PRD, PT y Convergencia y fue enmarcada esa fecha como de luto nacional, por lo que ese día será izada la bandera nacional a media asta en memoria de los estudiantes asesinados por el ejército mexicano en la plaza de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968.
Moreira: duro y tupido
En vista de que la millonaria deuda contraída en Coahuila por el entonces gobernador Humberto Moreira trae mucha tela de donde cortar; ahora la propuesta de empresarios de la entidad quienes pidieron juicio político contra el mandatario priista fue respaldada por la fracción de diputados del PRD, que en facultad de sus atribuciones solicitó formalmente a la secretaría general de la Cámara baja un juicio político en contra de Moreira Valdés.
La solicitud está en trámite en las oficinas administrativas, mientras que en el entorno político las negociaciones, los acuerdos y los tratos del PRI con el resto de las fuerzas políticas caminan con mayor celeridad para impedir que prospere la solicitud y el tema quede en el olvido.
Tal y como los casos de delitos cometidos por otros priistas en los últimos días. Sólo por mencionar uno: la presentación de un documento falso a una autoridad como lo hizo el diputado José Martel ante el presidente de la Mesa Directiva, cuando entregó un dictamen apócrifo para ser votado. Una falta más, los legisladores priistas que se embriagaban en el recinto de San Lázaro en plena sesión, cuyo asunto está en “proceso de investigación”.