Titular de PGR sabía del `Rápido y furioso´
CD. DE MEXICO, 16 de noviembre de 2011.- Durante la comparecencia de la titular de la PGR, Maricela Morales, el diputado Gerardo Fernández Noroña solicitó desafuero y juicio político contra la funcionaria.
Esto es porque a pesar de estar bajo juramento de decir verdad, mintió al negar que conocía del operativo Rápido y Furioso, mediante el cual un sector del gobierno norteamericano ingresó a México unas 2 mil 500 armas para operación de cárteles de la droga.
Basado en un informe de 60 cuartillas del Congreso estadounidense, el legislador del Partido del Trabajo citó al agente Carlos Canino, responsable de la oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, quien afirma en el documento que informó a la procuradora mexicana de dicho operativo.
En medio de un silencio que petrificó al auditorio donde se realizó la comparecencia en el Palacio Legislativo de San Lázaro y un rostro desencajado de la titular de la PGR, el diputado Fernández Noroña citó textualmente al agente Canino:
--“Yo tuve que decirle a la procuradora Morales antes de que se enterara por los medios de comunicación. Ella es aliada del gobierno de los Estados Unidos y amiga personal”.
En su turno de 3 minutos como lo marcó el formato de la comparecencia, el diputado por el Distrito Federal apuntó que de acuerdo a su declaratoria, el agente norteamericano estaba obligado a informar sobre el operativo, de lo contrario “perdía toda posibilidad de trabajar con la procuradora, y que ella le tuviera confianza”.
Una copia de la investigación sobre el Operativo Rápido y Furioso que realizó una comisión bicameral del Congreso norteamericano, entregó a la vez el diputado petista al presidente de la comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño, encargado de dirigir la comparecencia.
Algunos detalles de este informe apuntan que se le preguntó al agente norteamericano cuál fue la reacción de la procuradora al enterarse del operativo.
Ella dijo: –Híjole
--¿Qué significa eso? Le preguntaron quienes lo interrogaron.
--Algo así como Oh dios… respondió Carlos Canino.
En tal virtud, el diputado Gerardo Fernández Noroña solicitó al presidente Benítez Treviño iniciar el trámite de juicio político y desafuero contra responsable de la procuración de Justicia en México porque miente, a pesar de existir pruebas contundentes de que sí estuvo enterada de dicho operativo, como lo es el informe del Congreso Norteamericano.
“Es muy grave que venga a mentirnos de esta manera, con un informe del Congreso de los Estados Unidos. No estoy presentando cualquier prueba, no es una nota de prensa, no es un chisme, no es quién sabe quién dijo qué cosa. Es una investigación que el propio Congreso de los Estados Unidos, un comité bicameral de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Representantes, realizó sobre el escándalo desatado en torno a este grave operativo en territorio nacional”, apuntó.
Sin embargo, como esa solicitud conlleva un trámite particular, continúo la comparecencia en el marco de la glosa del Quinto Informe del Gobierno federal.
En su respuesta a dicho cuestionamiento, la procuradora Maricela Morales reiteró que no sabía del operativo Rápido y Furioso, antes de que se diera a conocer por los medios de comunicación, particularmente a través de la internet.
Sobre las indagatorias del gobierno mexicano sobre dicho operativo, informó que se han iniciado dos averiguaciones previas. Una en la Subprocuraduría Jurídica y de asuntos internacionales, la que se encuentra en trámite, y se han solicitado dos asistencias jurídicas internacionales al gobierno de Estados Unidos.
Otra más se inició en la Unidad Especializada de Tráfico y Acopio de Armas de Fuego. Y adicionalmente en la visitaduría general de la PGR se iniciaron averiguaciones previas para investigar la responsabilidad de servidores públicos.
En tanto, mencionó que se han consignado a varias personas que compran armas en Estados Unidos y las venden en México. Dos de los cuales son norteamericanos. Cuyo taller de ensamblaje de armas instalado en nuestro país fue desmantelado con la ayuda del Departamento de Alcohol de Estados Unidos.
Para finalizar esta parte de su intervención, la procuradora aseguró que el gobierno mexicano llegará hasta las últimas consecuencias para castigar a los responsables de la introducción ilegal de armas de fuego a nuestro país y se les aplicará todo el peso de la ley.