Por el Michoacanazo piden renuncia de Arturo Chávez y que se disculpe

El procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, compareció ante diputados de las comisiones de Justicia y de Seguridad Pública. En el centro, el tema del fracasado “michoacanazo” y la solicitud de desafuero solicitada en contra del diputado Julio César Godoy.

 

El momento de la rendición de cuentas fue preciso para abordar el tema de los 35 funcionarios de Michoacán detenidos y encarcelados por un año; y liberados hace unos días por falta de pruebas.

 

De ese acontecimiento, 34 funcionarios fueron liberados; en tanto que Arturo Medina, presidente municipal de Múgica sigue privado de su libertad.

 

La liberación del alcalde se puso como punto a tratar en la reunión que sostuvieron previamente con el procurador los diputados del PRI, Rubén Moreira, presidente de la Comisión de Derechos Humanos; del PRD, Víctor Ceja Baez, coordinador de la bancada de Michoacán en San Lázaro y funcionaros y ex ediles implicados en el “michoacanazo”.

 

Pronto saldrá libre el presidente municipal, aseguraron los diputados al final de la reunión.

 

A su llegada a San Lázaro, Arturo Chávez Chávez, declaró no tener ningún inconveniente de reunirse con el diputado Julio César Godoy (a quien la PGR ha perseguido desde hace varios meses y cuya captura se frustró con la toma de protesta del legislador michoacano).

               

 

“Vengo a rendir cuentas ante los diputados; y siendo diputado Julio César Godoy, yo no tengo ningún inconveniente de reunirme con él”; expresó el procurador; quien llegó hasta el Salón Legisladores arropado por su escolta personal y por el equipo de seguridad de la Cámara de Diputados.

               

Un día antes el diputado Julio César, medio hermano del gobernador Leonel Godoy, externó su inquietud de buscar una audiencia privada con el titular de la PGR para solicitarle información precisa acerca de los motivos de su persecución; pues no hay claridad ni en las acusaciones ni en los acusadores.

              

La audiencia privada no se realizó. Aunque sí una reunión en la que Arturo Chávez tuvo que sentarse a escuchar a funcionarios y ex ediles involucrados en el “michoacanazo”, y a diputados del PRD y PRI; ante la amenaza de éstos de desestabilizar la comparecencia si no eran escuchados antes de la misma.  

                  

Durante la comparecencia, el diputado mexiquense priista Alfonso Navarrete Prida, pidió cuentas al procurador del avance en las investigaciones sobre el asesinato del candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, Ricardo Torre Cantú, a tres meses de su asesinato.

               

En tanto, Víctor  Baez Ceja del PRD y del PT, Jaime Cárdenas, insistieron en el tema del paradero del político panista, Diego Fernández de Cevallos; y sobre las investigaciones que está haciendo la PGR al respecto.

    

La respuesta del abogado de la nación; que esa diligencia corresponde a la procuraduría de justicia de Querétaro.

               

En cuanto al michoacanazo, el diputado Víctor Baez expuso que el procurador se ha extralimitado en sus funciones y este caso representa el peor de los fracasos de la PGR; además de que las imputaciones contra funcionarios michoacanos son de carácter político y no jurídico.

               

Por ello, exigió la renuncia del procurador Arturo Chávez, quien debe abogar por los mexicanos y no perseguirlos por consigna y por cuestiones político-electorales.

               

Y por el agravio en contra de los michoacanos, el diputado Baez Ceja pidió al funcionario dar una disculpa pública, y que cese la persecución política.

               

Sobre la solicitud al congreso para que se desafuere al diputado Godoy Toscano, pidió que se ventile el oficio correspondiente para que los legisladores lo conozcan.

               

En ese tenor, Pedro Vázquez del PT consideró que “no es correcto que la PGR solicite declaración de procedencia contra Godoy Toscano, cuando la procuraduría no pudo probar delito alguno ante el juez correspondiente.

               

Pero el procurador Chávez aseguró que en el caso del Michoacanazo  no busca dañar a ningún actor político; no obstante estar bajo juramento de decir verdad. Y agregó que los funcionarios liberados por falta de pruebas pueden ser reaprehendidos en caso de encontrar nuevas evidencias.

 

La reforma jurídica

           

En este enredo de malinterpretaciones de leyes, de persecuciones políticas respaldadas en los vacíos legales y la fragilidad del andamiaje jurídico, los diputados federales han comenzado a trabajar en una reforma jurídica que evite arbitrariedades como las del caso de Michoacán y otros miles.

               

Una de ésta, la iniciativa para regular la figura de testigos protegidos impulsada por la bancada del PRD, para acotar el uso del “testigo protegido” para las investigaciones vinculadas con el narcotráfico y delincuencia organizada.

               

En el entendido de que el “testigo protegido” es un delincuente al que se le paga por aportar información, el término cambiaría por el de “colaborador”; con la variante de que la información que aporte se sujete a controles judiciales para reducir el margen de discrecionalidad existente.