Espían a activistas y periodistas en México
+ Exhibe el New York Times al gobierno mexicano; usan programa que deben ser para identificar a criminales y terroristas
NUEVA YORK, 20 de Junio de 2017.- El influyente medio New York Times publica hoy un artículo en el cual exhibe al gobierno mexicano como promotor de espionaje sobre defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción.
Revela que han sido afectados por un avanzado programa de espionaje “adquirido por el gobierno mexicano que, en teoría, solo debe ser utilizado para investigar a criminales y terroristas”, pero en este caso entre los “blancos” del programa están abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley anticorrupción, dos de los periodistas más influyentes de México y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía, dice el rotativo.
Incluso los intentos de espionaje alcanzan a familiares de activistas y periodistas, incluido un adolescente y solo desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en este tipo de programas de espionaje que factura una empresa israelí.
COMO ACTÚA
El software conocido como Pegasus infiltra teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear la vida diaria de una persona por medio de su celular. Están al alcance desde llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos, calendarios, hasta el micrófono y cámara. Es decir, el teléfono de la persona vigilada se convierte en un micrófono oculto.
La empresa que fabrica el software, NSO Group, le dijo al NYT que vende la herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que solo sea utilizada para combatir a terroristas, grupos criminales y carteles de drogas como los que han violentado a los mexicanos desde hace mucho tiempo.
Pero decenas de mensajes examinados por The New York Times y analistas forenses confirman que el software ha sido utilizado para vigilar a personas que critican al gobierno y a sus familiares. Eso, dice el medio neoyorquino, sería un intento sin precedentes para debilitar e intimidar a la gente que intenta ponerle fin a la corrupción que afecta a la sociedad mexicana.
Entre los “enemigos del Estado” que fueron entrevistados, está Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, quien redactó e impulsó la legislación anticorrupción apodada Ley 3de3, junto con su esposa.
Según la ley mexicana, un juez federal es el único que puede autorizar la vigilancia de comunicaciones privadas y solo cuando los funcionarios demuestran que tienen un caso bien armado para realizar esa solicitud. Las agencias mexicanas de seguridad no le pedirían una orden a la corte porque saben que no la obtendrían, señaló Eduardo Guerrero, ex miembro del Centro de Investigación y Seguridad Nacional de México, agencia que utilizan el “Pegasus”.
Los hackeos fueron personalizados. Llegaron a los objetivos por medio de mensajes diseñados para inspirar pánico y conseguir acceso rápido a los teléfonos celulares.
Es el caso de la periodista Carmen Aristegui. Un operador se hizo pasar por funcionario de la embajada de Estados Unidos en México “y le imploró darle clic” en un enlace para resolver un supuesto problema con su visa.
El gobierno mexicano ha dicho tener información de “sospechosos legítimos” de un modo apegado a derecho y dijo que “como en cualquier régimen democrático, a fin de combatir al crimen organizado y las amenazas contra la seguridad nacional, el gobierno mexicano realiza actividades de inteligencia”, pero rechazó “categóricamente que alguna de sus dependencias realice acciones de vigilancia o intervención de comunicaciones” a esas personas.
El software Pegasus no deja rastros del hacker que lo utilizó. El fabricante, NSO Group, señala que no se puede determinar exactamente quién está detrás de los intentos específicos de hackeo, pero los expertos pueden verificar en qué momento se ha utilizado el software en el teléfono de un “objetivo” y reconocen que este programa “es lo mejor que hay”.
NSO Group agrega que es poco probable que los cibercriminales hayan obtenido acceso a Pegasus de algún modo, porque el programa solo puede ser utilizado por agencias gubernamentales en las que se ha instalado la tecnología, por lo cual de inmediato la sospecha involucra a gobierno mexicano porque no se sabe, una vez entregado el sistema, cómo lo utilizará.
Solo si se quiere espiar a diez usuarios de iPhone, por ejemplo, el fabricante cobra 650 mil dólares más la cuota de instalación, que es de 500 mil dólares, por lo cual los afectados lamentaron que el gobierno esté usando vigilancia de alta tecnología en contra de defensores de derechos humanos y periodistas que exponen la corrupción, en lugar de hacerlo contra los responsables de estos abusos, lo cual “dice mucho de para quién trabaja el gobierno”.
En México, NSO Group no ha condenado ni ha reconocido que haya abuso de su software, a pesar de que se han presentado evidencias donde se demuestra que sus herramientas se han utilizado en contra de ciudadanos comunes y sus familias.
Para confirmar la lista de afectados, debe incluirse al periodista Carlos Loret de Mola, un popular conductor de televisión que recibió ocho mensajes de texto con un código para infectar su teléfono con el programa Pegasus; Está Luis Fernando García, director de un grupo de derechos digitales en México que ayuda a identificar casos de abuso del programa; Carmen Aristegui es infaltable, por su activismo al denunciar corrupción gubernamental como el escándalo de la “Casa blanca” de la primera dama, presuntamente obsequiada por un contratista del gobierno que tiene relación con el mandatario. Aristegui perdió su trabajo por esa denuncia.
Otros nombres son Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Stephanie Brewer, una abogada estadounidense que ha trabajado con el grupo desde 2007, etc.