Lamenta México la ley S20 de Carolina del Sur
+ Afectaría derechos humanos que habitan o visiten esa entidad, advierte
CD. DE MEXICO, 27 de junio de 2011.- México lamentó la promulgación de la ley S 20 en Carolina del Sur, Estados Unidos, que criminaliza la migración y abre camino a posible aplicación indebida de la legislación por parte de autoridades locales.
"La ley, que entrará en vigor en su mayor parte el 1 de enero próximo, pudiera afectar los derechos humanos y civiles de los mexicanos que habitan o visitan esa entidad", advierte en un comunicado la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La Embajada de México en Estados Unidos, encabezada por Arturo Sarukhán, y el Consulado General en Raleigh, capital de esa entidad, expresaron su rechazo y preocupación por la iniciativa a múltiples actores en Carolina del Sur.
"Al promulgarse este texto, se ignoran las numerosas contribuciones de la comunidad inmigrante a la economía y la sociedad de ese estado, la importancia de México como cuarto mercado para sus exportaciones” y "esta ley es también contraria a los principios de corresponsabilidad, confianza y respeto mutuos con que los gobiernos federales de México y Estados Unidos atienden los retos compartidos en América del Norte", señalaron.
Organizaciones estadounidenses de la sociedad civil anunciaron que promoverán demandas para evitar la entrada en vigor de esta ley, tomando en cuenta los precedentes legales sentados por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito sobre la ley SB 1070 de Arizona, y por Cortes Federales de Distrito sobre la ley HB 497 de Utah, la ley SEA 590 de Indiana y la ley HB 87 de Georgia.
En este contexto, se utilizarán todos los recursos disponibles para defender los derechos y la dignidad de los mexicanos en Carolina del Sur.
México puso a disposición en la página electrónica del Consulado General de México en Raleigh, un folleto con información sobre la legislación promulgada y recomendaciones prácticas, que se distribuirá también en los Consulados Móviles en Carolina del Sur, asimismo a través de organizaciones locales dedicadas a la promoción de los derechos civiles y humanos de los migrantes.
"El gobierno de México reconoce el derecho soberano de todos los países a decidir las leyes que deban aplicarse en su territorio. Al mismo tiempo, reitera su compromiso indeclinable de brindar la asistencia y protección que requieran los mexicanos para garantizar el debido respeto a sus derechos fundamentales, independientemente de su condición migratoria", sostuvo en sus afirmaciones la Cancillería.