Presos 5 banqueros... pero en España

MADRID, España, 16 de Enero de 2017.- La Audiencia Nacional ordenó detener a cinco ejecutivos de Novagalicia Banco, que fueron condenados a dos años de prisión por delitos de administración desleal en concurso con uno de apropiación indebida.

Los directivos cobraron indemnizaciones por 18,9 millones de euros y deberán devolver cerca de 14 millones, dice el ordenamiento legal del primer caso de un banquero que entra en prisión en España y en Europa desde que estalló la crisis financiera, al margen del ingreso de Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, que salió a las dos semanas.

La Sección Tercera de lo Penal rechazó la suspensión de condena que habitualmente concede para las penas inferiores a dos años. La razón de este comportamiento sería la especial gravedad de los hechos.

La entidad que se fusionó por decisión política, empujada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quebró y produjo un quebrando a los contribuyentes y a los bancos a través del Fondo de Garantía de Depósitos, según el Tribunal de Cuentas.

Los exdirectivos afectados son José Luis Pego, Oscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán, acusados de cobro indebido de prejubilaciones millonarias. El expresidente Julio Fernández Gayoso y el abogado Ricardo Pradas fueron condenados a dos años cada uno como cooperadores necesarios. Todos ellos procedían de Caixanova, con sede en Vigo. Fue absuelto Javier García de Paredes, co-director de la caja fusionada procedente de Caixa Galicia.

En el ambiente de la ley se considera benévola la pena de dos años, ya que lo hecho por los directivos es más que "excesos y abusos". La Audiencia ha tenido en cuenta que los condenados no han devuelto el dinero fijado en la sentencia y tienen todavía causas pendientes con la justicia, apuntan las fuentes.

Los cuatro exdirectivos de Novagalicia ejecutaron "inequívocos actos apropiatorios con fines de lucro personal" en el marco de sus competencias para asignarse indemnizaciones por prejubilación. Los exdirectivos firmaron esos contratos por los que acaban de ser definitivamente condenados a dos años de prisión. La Sala segunda respalda esa pena de cárcel para los cinco, aunque la considera "exigua".