Crece el número de políticos asesinados, en esta precampaña

CD. DE MÉXICO, 13 DE Febrero de 2018.- A dos días de terminar la precampaña, el líder estatal de un partido minoritario en el Estado de México, Vicente Onofre, fue herido de bala.

Un  día después, el precandidato a una alcaldía en Puebla, Francisco Lenin Portal Sánchez, fue atacado a balazos cuando circulaba en su vehículo y para su fortuna salió ileso.

Pero no todos tuvieron esa suerte:

Al comenzar febrero, fue asesinado Francisco Rojas San Román, precandidato a alcalde de Cuautitlán Izcalli, Estado de México; ya había sido muerto a balazos en Oaxaca el ex líder municipal Teodoro Ortiz Barragán.

Solo en enero, fueron asesinados Jorge Montes González, líder municipal y regidor de Celaya; Santiago Cháidez Jiménez, ex alcalde de un municipio en Durango; Juan Manuel Hernández Martínez, regidor en Tamaulipas; Víctor Molina Dorantes, ex alcalde de Veracruz, y Miguel Ángel Licona, ex presidente municipal en Hidalgo.

El Diario New York Times dedicó una extensa publicación al tema tomando como base cifras oficiales del Estado mexicano. Oficialmente, autoridades federales contabilizan en el lapso de precampaña entre el 8 de septiembre hasta el 11 de febrero, fueron asesinados 19 políticos locales entre alcaldes (electos o en funciones), ex alcaldes o precandidatos a presidente municipal. En 2016 fueron victimados 9 presidentes municipales, ex alcaldes y alcaldes electos.

NYT dice que esos números reflejan la violencia en el país. México acaba de cerrar su año más mortífero desde que hay registro y con esas bases cita que es doce veces más probable que un político local sea asesinado que alguien de la población civil.

“Vemos una descomposición social en el país debido a esta escalada de violencia”, dijo Enrique Vargas del Villar, presidente municipal de Huixquilucan, en Estado de México, y dirigente de la Asociación Nacional de Alcaldes, y agrega que “esto genera un ambiente muy raro y muy tenso en un año electoral”, lo cual atribuyó a la violencia de “mafias” que desean atemorizar a candidatos o dirigentes en funciones para afianzar su control sobre territorios disputados.

El 1 de julio se renovarán 3 mil 416 cargos de elección popular, cifra récord para una jornada electoral en el país --la mitad son del nivel local o municipal— y la violencia ha irrumpido en la política, lo cual representa un costo muy elevado para la democracia.

NYT cita declaraciones de Sandra Ley, especialista en violencia electoral y sus consecuencias del Centro Investigación y Docencia Económicas, para señalar que “nuestra construcción de la democracia fue a nivel local, de abajo para arriba, con el municipio”, (pero) ahora, en vez de una construcción democrática, el nivel municipal se ha vuelto también “la primera entrada de grupos de delincuencia organizada que están peleando para tener acceso o empezar a tener acceso e influencia en la composición de puestos clave en seguridad, de presupuesto, de finanzas”.

Y señala que los ataques contra autoridades municipales en México tienden a aumentar durante periodos de elecciones locales, pero se han agudizado este año y seguirán haciéndolo, porque también coinciden con las elecciones federales, concurrencia que hace ver “más operación del crimen organizado”.

También recalca que los asesinatos o intentos de homicidio de regidores en gran parte son por parte de grupos criminales, pero también pueden deberse por ejemplo, a disputas políticas o a temas personales. Estudios, en el primero de estos casos, dicen que se ha encontrado que esos grupos criminales logran deshacerse de candidatos o políticos si consideran que no les permitirán controlar ese territorio, o peor, o que respaldarán a otro grupo criminal si llegasen al poder.

Eso provoca que muchas personas que buscarían competir en elecciones decidan no hacerlo y “una mayor violencia hace menos competitivas las elecciones en los municipios”, como menciona en el artículo del NYT el politólogo Aldo Ponce. Eso “potencialmente podría facilitar el surgimiento de autoritarismos a nivel local”, remata.

Así, ocurre que en esos casos es que aquellos que sí compiten o se postulan lo hacen ya partiendo del criterio de que harán política a favor de intereses de grupos de delincuencia organizada, y no a favor de la gente. En términos prácticos, este criterio aunado al de Guillermo Trejo, profesor de la Universidad de Duke, termina aceptando que los políticos en competencia con ese objetivo, por miedo o conveniencia, pueden terminar por “ceder el poder hasta que es difícil distinguir entre el gobierno local y el crimen organizado”.

“El efecto de la violencia electoral es todavía más grave para la democracia mexicana, porque excede a los candidatos que disputan un espacio de poder. Si los ciudadanos ven que ni siquiera los políticos y funcionarios se salvan de una situación de violencia, pueden decidir no participar; al fin y al cabo, si el crimen organizado ya determinó el resultado electoral matando, secuestrando o ejerciendo amenazas contra los candidatos, o cooptándolos, se reduce el incentivo para acudir a las urnas.

También se pierde el incentivo para los ciudadanos de participar no solo con su voto, sino ayudando a contar las boletas como funcionarios de casilla o a revisar que no haya irregularidades durante la jornada electoral como observadores, pues cuando alguien resulta electo, ven poca cabida para exigir una rendición de cuentas.

“Es un gran costo participar tan públicamente en un proceso que es tan relevante para el crimen organizado” si los mexicanos no se sienten protegidos al hacerlo, recalcan los expertos. Es un gran eslabón ciudadano, que fue fundamental para la transición democrática del país, pero se está perdiendo poco a poco y así se reduce el espacio que hay entre el crimen organizado y el Estado.

El Instituto Nacional Electoral, instancia oficial que monitorea los comicios a nivel federal, solo dice que ese órgano no es de seguridad pública, que solo les compete propiciar “reuniones con las instituciones que llevan el tema de seguridad” para fomentar medidas de protección. Expertos y políticos han exigido que el tema no quede de lado durante ni después de la campaña.

“Hemos estado pidiendo ya desde hace tiempo un protocolo de seguridad para los alcaldes”, recalcó Vargas del Villar, el dirigente de una de las asociaciones de líderes locales y municipales.

El Congreso de México solicitó desde julio de 2016 a los órganos de seguridad nacional adoptar medidas de protección para los alcaldes, aunque no se han retomado propuestas legislativas afines.

Se solicitaron estos mecanismos con la administración federal, pero no se han concretado porque cambió el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para hacer campaña por el Senado.

Voceros de organizaciones sociales y de derechos humanos, resaltan la gravedad que implica la existencia en el país de un ambiente de zozobra e indican la necesidad de empezar a discutir y adoptar medidas que promuevan coordinación a varios niveles para la investigación de este tipo de delitos, la profesionalización de quienes realicen esas investigaciones y un mejor combate al control que ya tiene la delincuencia organizada sobre rubros gubernamentales.

“Son soluciones que nos van a llevar varios años, pero hay que empezarlo ya”, sostuvo la senadora”.

Desde la solicitud de 2016 no ha habido propuestas legislativas específicas para resolver este problema, incluso con la reciente aprobación de una Ley de Seguridad Interior que presuntamente buscar mejorar el combate a nivel local de la delincuencia organizada.

Todos los grupos consultados y entrevistados, coinciden en lo poco probable de que surja una iniciativa afín antes del proceso electoral de julio.