El cártel de Juárez debe pagar 4.6 MMDD a la familia LeBarón
+ Cuatro familias mormonas obtienen un triunfo sin precedentes en un tribunal de Dakota del Norte; ahora nadie sabe cómo se va a cobrar el dinero a la organización criminal
CD. DE MÉXICO, 23 de julio de 2022.- La masacre que conmocionó a México el 4 de noviembre de 2019, cuando sicarios del grupo criminal La Línea --brazo armado del cartel de Juárez--, emboscaron y mataron a 3 mujeres y 6 niños de las familias Langford y LeBarón, cobra novedoso giro.
Los asesinados pertenecían a una comunidad mormona del norte del país y, 8 meses después, se presentó una demanda colectiva en un tribunal de Dakota del Norte para recibir una indemnización por los daños sufridos.
Un juez estadounidense concluyó el caso y ordenó que la organización delictiva pague más de 4 mil 600 millones de dólares a los familiares. La decisión no tiene precedentes ni en el monto ni por los actores implicados, pero deja una incógnita aún mayor: cómo y a quién se va a cobrar el dinero.
La demanda civil la encabezó Howard Miller, quien perdió a su esposa Rhonita LeBarón y 4 de sus hijos en el ataque, entre ellos 2 gemelos de 8 meses de edad. Miller también se presentó como tutor legal de otros 3 niños. Los padres de Rhonita, Adrián LeBarón y Shalom Tucker, también se sumaron, así como sus 10 hermanos.
Fue promovida también por Tyler Johnson, esposo de la difunta Christina Marie Langford y padre de Faith, bebé de un año al momento de la emboscada, sobreviviente dentro de un carro que recibió más de 200 disparos. Estaban incluidos la madre y 7 hermanos de Dawna Ray, otra de las asesinadas. La matanza ocurrió cuando las mujeres y sus familias viajaban en 3 coches interceptados por los sicarios cerca del rancho La Mora, en Sonora.
Los 25 demandantes pertenecen a 4 grandes familias de doble nacionalidad (México-Estados Unidos) y forman una colonia fundada en los años 20 en Chihuahua, en los límites con Sonora y EEUU.
En México, en los últimos 15 años, han enfrentado una cadena de tragedias --secuestros, extorsiones, asesinatos y fricciones con las autoridades ante los reclamos por la inseguridad que azota al país.
Sus miembros han vivido de forma intermitente y dirigido negocios en zonas de fuerte presencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (“mormona”, apelativo que han querido desalentar sus líderes religiosos) en Utah y Dakota del Norte. Esas fueron las bases legales para que una corte estadounidense tomara el llamado caso Miller.
Pero lo insólito es acusar un cartel criminal. Ningún mando del grupo de Juárez o su brazo armado se presentó ante el juzgado para declarar ni se asumió como representante de las organizaciones.
Las víctimas presentaron su queja bajo la Ley Antiterrorismo de Estados Unidos. La ley concede a cualquier ciudadano estadounidense el derecho a reclamar daños contra su persona, su propiedad o su negocio como resultado de un ataque terrorista, en este caso por un acto de “narcoterrorismo”.
La indemnización debe cubrir 3 veces el monto de los daños sufridos, costos de la demanda, honorarios de los abogados. Los montos de las indemnizaciones individuales van de los 21 millones de dólares a los 228 millones y cubren daños económicos, psicológicos, físicos y por las muertes de sus familiares.
“Los LeBaron se han convertido en símbolo de la resistencia mormona al cartel”, se lee en el sumario judicial y “por consecuencia, el cartel ve a los mormones en Chihuahua y sus alrededores como sus oponentes”, se agrega.
“Estoy convencido que en México hay terrorismo, pero las autoridades le tienen más miedo a decirlo que a sus consecuencias”, escribió Adrián LeBarón el pasado fin de semana, en su cuenta de Twitter.
La familia apuesta a que el fallo a su favor impulse la cooperación en el combate binacional contra la delincuencia y la violencia que han sufrido y tensado las relaciones entre México y Washington.
Rafael Caro Quintero, alias El Narco de Narcos, fue detenido la semana pasada luego de 13 años prófugo de las autoridades mexicanas y estadounidenses. En su intento por reconstruir su imperio criminal forjó una alianza con La Línea e hizo de Sonora su principal bastión.
“Es terrorismo lo que hacen los carteles para tener poder. Por eso cuelgan, tiran, mutilan, queman pueblos; si aquí se entiende, como en Estados Unidos, pueden actuar juntos; ayer vimos que sí da resultados”, dijo Bryan LeBarón, otro de los varones del clan, un día después de que se conociera la detención de Caro Quintero.
La demanda abre varias líneas a seguir: la posibilidad de nuevas demandas promovidas por la familia LeBarón a partir de este precedente; implicaciones para entes legales vinculados con organizaciones delictivas, como bancos y negocios establecidos que blanqueen dinero, blancos prioritarios en la ofensiva estadounidense contra los carteles mexicanos y la lista de cargos contra los narcotraficantes en Estados Unidos si son juzgados, además, como miembros de organizaciones terroristas.
A casi tres años de la masacre, el caso resuena desde el frente legal, político y mediático en tramas que involucran supuestas venganzas del crimen organizado, una decena de detenciones, reclamos de impunidad y nuevos episodios de violencia.
En lo que toca a Dakota del Norte, el cobro de los 4,600 millones de dólares sigue siendo una incógnita.