García Luna es culpable de vínculos con el narcotrafico
+ Un jurado de Brooklyn así lo resuelve; el exjefe de Seguridad Pública de México en el sexenio de Felipe Calderón
NUEVA YORK, 21 de febrero de 2023.- Genaro García Luna fue el rostro público de la sangrienta guerra de México contra los grupos criminales cuando era titular de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, pero ahora es declarado culpable en un tribunal de Nueva York de aceptar millones de dólares en sobornos de cárteles de la droga que debía perseguir.
El veredicto de culpabilidad fue emitido en el Tribunal Federal de Distrito de Brooklyn y una derrota para García Luna, un exagente de las fuerzas del orden que acumuló enorme poder en esa área. Mientras el juez Brian M. Cogan leía el veredicto, García Luna se mostró impasible. Su esposa e hija estaban detrás de él y mantuvieron la calma.
El decidió en función de testimonios de narcotraficantes experimentados y donde se entendió que García Luna estuvo en la nómina del mayor grupo delictivo de México, el Cártel de Sinaloa, casi todo el tiempo que dirigió la Secretaría de Seguridad, lo cual confirmaría una sospecha de los mexicanos, sobre vínculos de funcionarios de los más altos niveles del poder con mafias que han dañado al país.
México por décadas ha gastado miles de millones de dólares y esfuerzos para reducir la criminalidad, pero esta ha alcanzado mucho más altos niveles de violencia en los últimos años.
García Luna al ser declarado culpable de al menos 5 cargos criminales, enfrenta a un mínimo de 10 años de prisión y a una pena máxima de cadena perpetua.
Tradicionalmente, los casos antinarcóticos estadounidenses se han presentado contra capos de cárteles como Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, quien fue condenado en el mismo tribunal de Brooklyn en 2019 como cabeza de un vasto imperio criminal.
Condenar a García Luna es un golpe contra la corrupción sistémica en México, que ha estimulado el derramamiento de sangre del narcotráfico y el flujo de drogas ilegales a través de la frontera.
Los fiscales basaron su caso contra García Luna casi por completo en el testimonio de operadores del cártel que hablaron al jurado tanto de sus propios delitos como de la forma en la que el acusado había aceptado sobornos del Cártel de Sinaloa durante mucho tiempo.
El primer testigo del gobierno fue Sergio Villarreal Barragán, un corpulento exagente de policía conocido como el Grande, quien el mes pasado declaró ante el jurado que a principios del 2000, García Luna se presentó en un almacén del estado de Chiapas, para reclamar su parte de un negocio de drogas que situaba en más de 14 millones de dólares en efectivo.
El último testigo llamado fue Jesús Zambada García, hermano de Ismael Zambada García, socio de Guzmán desde hace muchos años. El reiteró lo dicho durante el juicio de Guzmán: personalmente metió millones de dólares en 2 maletas deportivas que se entregaron a García Luna en el restaurante Champs Elysées de Ciudad de México, cuando este se convirtió en secretario de Seguridad Pública del país.
Técnicamente, el jurado condenó a García Luna de acusaciones de conspiración para el narcotráfico y de participar en lo que se conoce como una empresa criminal en curso.
El juicio reveló detalles sobre el narcotráfico mexicano —asesinatos sangrientos, enormes cargamentos de droga; hasta se habló aunque superficialmente, de lo que sabían funcionarios estadounidenses sobre los vínculos de García Luna con el cártel en una época en la que él trabajaba estrechamente con las fuerzas de seguridad estadounidenses en México y se reunía con personalidades políticas como el ex fiscal general Eric Holder y Hillary Clinton, quien fue secretaria de Estado.
Ahora Estados Unidos no puede explicar cómo fue que Genaro pasó de ser un actor fundamental para este país, en la lucha contra las organizaciones criminales, a ser alguien que está en un juzgado, según lo planteado por Guillermo Valdés, exdirector del CISEN, la contraparte mexicana de la CIA.
García Luna continuó sus relaciones con oficiales de inteligencia y fuerzas del orden estadounidenses que conoció en el cargo después de salir de México en 2012 y trasladarse a Miami, donde abrió una empresa de seguridad privada especializada en asuntos mexicanos; un fiscal dijo que el negocio de consultoría de seguridad de García Luna era “altamente dependiente de su continua relación con funcionarios corruptos en México”.
El juicio planteó algunas preguntas suspicaces sobre otros altos funcionarios de México, entre ellos Calderón y Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente.
Edgar Veytia, ex fiscal general del estado de Nayarit, declaró el 7 de febrero que el gobernador de Nayarit le había contado en una ocasión que asistió a una reunión con Calderón y García Luna en la que ambos le dieron instrucciones para que ayudara al Chapo en una batalla interna contra rivales de su cártel.
Calderón reaccionó de inmediato en Twitter, negando las “absurdas declaraciones” de Veytia.
Una semana después, el abogado de García Luna preguntó a Zambada si alguna vez le había dado un soborno de 7 millones de dólares a un asesor cercano de López Obrador durante una campaña presidencial; Zambada lo negó, contradiciendo su propio testimonio en el juicio de Guzmán.
Las deliberaciones concluyeron en que se formuló una pregunta confusa debido a un error en las notas de las entrevistas de Zambada con los fiscales estadounidenses.
La condena a García Luna no representaría casos de corrupción contra otros altos funcionarios de México. La reticencia estadounidense se debería en gran medida al fracaso de otro caso de corrupción en Brooklyn contra Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa mexicano, quien en 2000 fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles por una imputación confidencial de que había aceptado sobornos de un Cártel.
Tras una intensa presión por parte de México, el caso fue desestimado y Cienfuegos enviado de vuelta a su país, donde retomó su vida normal.