Jubilados y pensionados en la mira: 21 universidades en quiebra

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CD. DE MEXICO.- Un “estudio actuarial” para la Secretaría de Educación Pública indica que 10 universidades del país están en una “situación financiera insostenible”, por la carga que enfrentan para pagar a trabajadores jubilados y pensionados.

El documento asienta que en otras 11 instituciones el déficit de recursos las ha puesto en condiciones “críticas o muy críticas” y frente a este panorama, la SEP hizo recomendaciones que podrían complicar la vida de los trabajadores, pues se encaminan a establecer una edad de 65 años y 40 de trabajo como mínimo para el retiro.

También observa que deben suspender o disminuir pensiones a quienes se las hayan otorgado sin razón alguna y emprender reformas a contratos colectivos para pagar compensaciones a trabajadores que desean seguir en sus labores pese a que sus condiciones indican que debe retirarse.

El estudio asegura que la deuda o pasivos por jubilación de las universidades públicas del país alcanza 449 mil 500 millones de pesos, cantidad que se gastaría en financiar a 300 mil estudiantes, académicos e investigadores de la UNAM los próximos 16 años.

La “Evaluación del ahorro y diagnóstico de los resultados obtenidos por las reformas a los beneficios que otorgan a sus trabajadores”, que realizó por encargo de la SEP el actuario Jorge Soto Pérez en 33 universidades públicas estatales, advierte que la situación de 21 puede desestabilizar la economía de las instituciones, pero también la de los estados y la del gobierno federal.

La SEP encontró que el déficit acumulado en las universidades públicas por pensiones y jubilaciones ascendía a 701 mil 143 millones 749 mil pesos.

Desde 2002 se reforman contratos colectivos de 28 de esas instituciones para crear fondos de retiro, prolongar la jubilación de maestros y personal administrativo, además de eliminar prácticas como el derecho a retiro a los 20 o 25 años de servicio.

La SEP asignó 7 mil 077 millones de pesos hasta 2009, con los que logró que el pasivo se redujera a 449.5 mil millones de pesos, pero pese a reformas, que en su momento fueron consideradas un “ejemplo” para emprender modificaciones a los esquemas de seguridad del ISSSTE y del IMSS, las universidades estatales de Zacatecas, Veracruz, Sonora, Morelos, Michoacán, estado de México, Guerrero, Guanajuato, Chiapas y Ciudad del Carmen se enfrentan a una situación “insostenible”.

Las que están en situación “crítica” o “muy crítica” son las de Oaxaca, Nayarit, Durango, Tabasco, Querétaro, Puebla, Yucatán, Campeche, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas.

Sólo tres universidades, las de Baja California, Nuevo León y el Instituto Tecnológico de Sonora, tienen la “suficiencia” de financiamiento para enfrentar el número de trabajadores que se retirarán en los próximos 100 años.

El documento, que hace una proyección sobre lo que ocurrirá en las escuelas como consecuencia del “envejecimiento” de su personal, refiere que cinco universidades tienen “casi resuelto” el esquema de retiro de sus trabajadores.

Las universidades de Guadalajara, Ciudad Juárez, Tlaxcala, Baja California Sur y Sinaloa están próximas a encontrar una alternativa, pero si no emprenden reformas desde hoy su situación se complicará entre 2023 y 2033.

La situación está “medio resuelta” para las universidades de Hidalgo, Aguascalientes, Colima y San Luis Potosí hasta 2021. A nivel nacional hay un trabajador jubilado o pensionado por cada 6 activos y hace sólo una década había uno por cada 11 en activo.