Protege un juez federal a Guillermo Padrés

+ Pronto podría recuperar su libertad bajo fianza

 

HERMOSILLO, Son., 1 de Noviembre de 2017.- Un juez federal resolvió amparar al ex gobernador de Sonora (2009-2015), Guillermo Padrés Elías, contra el delito de  delincuencia organizada, al no encontrar elementos para acreditar el ilícito.

La medida deja sin efecto el auto de formal prisión, lo cual le permitiría alcanzar libertad bajo fianza.

Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, tomó la decisión de conceder al ex mandatario sonorense un amparo contra el auto de formal prisión dictado el 16 de noviembre de 2016 por el Juez Cuarto de Procesos Penales Federales en Toluca, Víctor Luna Escobedo.

Aquella resolución hablaba de elementos que podrían comprobar delitos como delincuencia organizada y lavado de dinero, en este caso por hasta 178 millones de pesos presuntamente obtenidos de recursos públicos de la entidad.

Aunque la nueva resolución abre la oportunidad de libertad bajo fianza que fije un juez, en este momento no es definitiva, pues sólo surtirá efecto si es confirmado por un tribunal colegiado de circuito de Toluca.

EL FALLO:

El fallo del juzgado en el expediente 1840/2016 y  publicado el 31 de octubre del presente año, señala lo siguiente:

“Deje insubsistente la resolución reclamada y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva, en la cual, de manera fundada y motivada. Respecto al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la hipótesis de quien por sí adquiera y deposite dentro del territorio nacional recursos. Y, en relación al diverso ilícito de delincuencia organizada: – Determine que, dada la insuficiencia probatoria, no se encuentran acreditados los elementos del delito de delincuencia organizada”.

El 10 de noviembre de 2016, Guillermo Padrés se entregó sin esperar que la PGR cumplimentara una nueva orden de aprehensión en su contra, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por sobornos a cambio de adjudicar contratos para uniformes escolares, para luego canalizar 8.8 millones de dólares a una empresa “de papel” en Holanda, y finalmente, regresar al país 134 millones de pesos a través de cuentas bancarias abiertas a nombre de diferentes personas.