La Semar da su versión del choque en San Felipe
CD. DE MÉXICO, 28 DE MARZO DE 2019.- La Secretaría de Marina–Armada de México informó hoy en un comunicado su versión de los hechos ocurridos en el puerto de San Felipe, Baja California.
Los hechos, señala, se iniciaron cuando la embarcación “Sharpie”, perteneciente a la ONG “Sea Shepherd”, fue agredida por pescadores de una embarcación que intentaba recuperar artes de pesca prohibidas que habían levantado en el polígono de protección de la vaquita marina. Tras recuperar sus redes, la embarcación pesquera se dio a la fuga con rumbo a San Felipe.
Ante ello, y en el marco del "Programa Integral para la Atención del Alto Golfo de California", esta Institución desplegó una Patrulla Interceptora y a personal de Infantería de Marina en el campo pesquero No. 1 de San Felipe, donde arribaron pescadores a bordo de la embarcación agresora, la cual fue remolcada por un vehículo con la intención de darse a la fuga.
El personal naval realizó maniobras de disuasión para tratar de asegurar el vehículo y embarcación y detener a los presuntos infractores; sin embargo, durante estas acciones fue impactado un vehículo de esta Institución. Durante ese encuentro, los presuntos infractores de la ley opusieron resistencia y forcejearon con el personal naval, con el infortunado resultado de un disparo accidental de arma de fuego, que provocó heridas a una persona, lo que ocasionó una concentración mayor y agredieron a los elementos navales, mismos que se retiraron para evitar una confrontación.
Más tarde, el grupo se concentró frente a las instalaciones navales para manifestarse de manera violenta y arrojó objetos y bombas molotov, lo cual causó daños a inmuebles de la Semar, quema de un vehículo y dos embarcaciones menores. En la manifestación resultaron lesionadas otras personas, de lo cual se dio vista a la autoridad competente, quien efectuará las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades en apego a derecho.
La Semar dijo que “esta Secretaría colaborará en todo lo necesario con las autoridades encargadas de impartir justicia en nuestro país, con la convicción de que, en ninguna circunstancia, esta institución justifica conductas contrarias a la Ley y a los Derechos Humanos, por lo que en caso de acreditarse serán sancionadas por las instancias correspondientes según su gravedad”.