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Senado pide al DIF certificar a instituciones de adopción

México, D.F., 3 de septiembre 2015.- El Senado exhortó al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) a armonizar a nivel nacional los requisitos y trámites de adopción y, a partir de ello, certificar a todas las instituciones, públicas y privadas, autorizadas para realizar este proceso.

El objetivo es garantizar la protección del interés supremo de los niños y las niñas, así como evitar más casos de tráfico de menores, como el registrado recientemente en el DIF estatal de Sonora.

La senadora Martha Tagle Martínez lamentó que el tema del tráfico de infantes en Sonora sea un tema recurrente desde el 2012, como lo evidencian las denuncias a través de notas periodísticas. Esta situación, señaló, deriva de una incorrecta regulación en la adopción.

“Por eso es que es muy importante que se regule, pero además que quede correctamente especificado que es un tema en el cual el Estado tiene completa responsabilidad. No puede ser considerado nunca como un asunto entre particulares, porque precisamente estamos viendo que cuando particulares participan en temas de adopción es precisamente que se dan este tipo de situaciones en que no se está velando por el interés superior de las niñas y los niños”.

También se exhorta al SNDIF, abundó la senadora independiente, a incluir el trámite de adopción dentro del Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), para hacer efectiva la homologación de requisitos en todos los DIF estatales.

Igualmente, se solicita que se promueva, ante el Comité Técnico de Normalización Nacional de Asistencia Social, la expedición de una Norma Oficial relativa al proceso de adopción.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, senadora Angélica de la Peña Gómez, apuntó que si el caso de tráfico de niños en Sonora resultó “escandaloso”, el grave problema es que se ha registrado también en otros estados, como Jalisco y Guanajuato.

En estas entidades, subrayó, no cumplen sus funciones las instituciones responsables de garantizar la protección de los niños, quienes “se convierten en rehenes, en mercancía, en función de la vulnerabilidad de su madre, la mayor de las veces en pobreza”.