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Se "comen" el dinero que acabaría con el hambre

+ Revela investigación la “Estafa Maestra”


CD. DE MÉXICO, 6 de Septiembre de 2017.- La Secretaría de Desarrollo Social que encabezaba Rosario Robles, tenía en 2013 un presupuesto de 555 millones de pesos para repartir 500 mil paquetes de alimentos, camisetas, gorras y para difundir la Cruzada Nacional contra el Hambre, una estrategia que acababa de crear el gobierno federal buscando reducir la pobreza extrema.

Dicho apoyo se creó para llegar a las familias con pobreza alimentaria que a partir de abril de 2013 se beneficiarían de la Cruzada y cuyos hogares están en las zonas marginadas de 11 estados, entre ellos Campeche, Guerrero, Yucatán y Chiapas.

Pero la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó la entrega de, solamente, el 7% de las despensas que se habrían comprado, pero no tiene constancia de que los programas y beneficios restantes hayan llegado a los más pobres.

De lo que sí hay prueba, es de que lo que Sedesol pagó por los servicios.

Lo que ya se ha confirmado como un escandaloso desvío se cumplió por la firma de convenios entre esta secretaría y las universidades autónomas de Morelos y Estado de México, que serían intermediarias en el beneficio.

La Cuenta Pública de 2013 y 2014 reporta diez convenios con ambas universidades, por unos 2 mil 224 millones de pesos, que debieron llegar a dar más cobertura de programas sociales y servicios en las zonas más rezagadas del país, además de combatir la pobreza.

Las universidades no dieron ningún servicio y solo se prestaron para la operación, lo cual les dejó  una “comisión” de 215 millones 446 mil pesos. El resto del dinero, más de 2 mil millones de pesos, se lo entregaron a 20 empresas, 19 de ellas irregulares al grado de ser causales estos procedimientos, de inhabilitación para recibir contratos públicos, según la ley.

Los medios informativos Animal Político y MCCI visitaron oficinas de esas empresas en 6 estados, buscaron a los socios en las direcciones registradas y recabaron información oficial del SAT y la Secretaría de Economía, cita la investigación que han comenzado a divulgar.

Arrojó que los recursos se entregaron a tres empresas fantasma, catalogadas así por el Servicio de Administración Tributaria en 2015; a otras tres que están bajo investigación del mismo SAT por presuntas operaciones irregulares; a seis que no cumplen con un requisito indispensable para operar —el registro ante la Secretaría de Economía—; a una cuya oficina fue desmantelada apenas se recibió el dinero; a otra que no fue localizada por la Auditoría Superior de la Federación —que reportó como domicilio para sus operaciones uno que no corresponde a su sede—; a una que tiene una oficina virtual de la que no existe registro de que pueda realizar servicios; a otra que es un despacho contable sin personal o infraestructura, y a tres más que tienen un objeto social distinto al servicio que debían dar.

El articulo de estos medios señala que la Sedesol se declaró “satisfecha” con los servicios recibidos a cambio de 2 mil 224 millones de pesos, y no consideró irregular el sobreprecio de más de 220 millones por parte de las universidades a cambio de ¡nada!.

Participaron 20 empresas, pero una destaca: ESGER Servicios y Construcciones S.A. de C.V., un pequeño despacho contable en la Ciudad de México, que recibió los recursos destinados a combatir el hambre sin firmar un solo contrato o realizar algún servicio.

ESGER fue creada en 2011 para ofrecer servicios de construcción, según acta constitutiva con folio 438926-1. Sus oficinas están en un edificio oscuro de la colonia Nápoles, cuya entrada es fácil de franquear, porque no hay recepcionista ni señal de que cumpla con contratos millonarios.

Los accionistas son Esteban Cervantes, que tenía 25 años cuando fundó la empresa, y el contador público Gerardo Casas. Ninguno fue localizado en las tres visitas realizadas a la empresa. Tampoco atendieron las llamadas telefónicas que se hicieron a lo largo de dos semanas.

También se les buscó en sus domicilios particulares. Esteban Cervantes registró como su casa el domicilio de una empresa llamada RAGER, en la colonia Navidad, en la que en fue empleado en 2013. Ahí declararon que no han vuelto a saber de él desde entonces. Gerardo Casas asentó como domicilio un edificio en Cuajimalpa, donde los vecinos dijeron que no lo conocían.

De acuerdo con la declaración de impuestos que la empresa realizó ante el SAT en 2013, de la que Animal Político y MCCI tienen copia, ESGER solo declaró ese año ingresos por 408 millones de pesos y reportó gastos por 407 millones de pesos. Pero “olvidó” declarar el dinero que recibió de la Sedesol: 698 millones.

El mecanismo que involucra a ESGER es enredado: el primer paso fue la firma de tres convenios entre Sedesol y las universidades autónomas de Morelos y del Estado de México por mil 385 millones de pesos, en 2013. El objetivo de estos convenios era “sensibilizar” a las comunidades sobre la alimentación sana, instalar ventanillas de atención para jornaleros, distribuir material en zonas marginadas y “eficientar la operación a través de la automatización de procesos”.

Las universidades se quedaron con 102 millones 745 mil pesos de comisión y se desentendieron de los convenios. Subcontrataron a 11 empresas para supuestamente dar los servicios.

Las empresas contratadas fueron Servicios Administrativos Zulma, Inteligencia y Tecnología Informática, Symmetrix Architecture, Grupo Comercializador Cónclave, Advanced Computer Knowledge, Prodasa, Dumago Systems, Meve Soluciones, Evyena Servicios, S&C Constructores de Sistemas y Asesorías Nacionales Expanders.

Las 11 empresas están entre las que tienen irregularidades: tres fueron catalogadas como fantasma por el SAT en 2015, seis no tienen antecedentes ante la Secretaría de Economía y dos más ya fueron desmanteladas.

No todo el dinero se quedó en estas empresas. Cinco se quedaron con una comisión y, a su vez, “contrataron” a ESGER Servicios y Construcciones S.A. de C.V. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación confirmó que esta última empresa no dio ningún servicio y solo se quedó con el dinero.

En otro caso, una empresa más, llamada Evyena, también le dio el dinero a ESGER, pero antes se lo envió a otra empresa intermediaria, que también se quedó con una comisión: Consolidación de Servicios y Sistemas Administrativos, que a su vez se lo entregó a ESGER. Es decir, el dinero dio tres y cuatro vueltas hasta que quedó en manos de ESGER Servicios y Construcciones S.A. de C.V.

Al ser consultada por estas irregularidades ocurridas entre 2013 y 2014, la Secretaría de Desarrollo Social se deslindó de las contrataciones e informó el pasado 30 de agosto que, al firmar convenios con las Universidades, éstas declararon que contaban “con la capacidad para colaborar en los tres proyectos en los términos y porcentajes señalados en cada uno de los anexos técnicos recibidos”.

La Sedesol añadió que “los actos celebrados con la administración pública se presumen de buena fe, sin que puedan exigirse mayores requisitos de los que marque la ley”.

Es decir, según la dependencia, la carta del rector de la universidad afirmando por escrito que la institución educativa contaba con la capacidad para cumplir con los contratos es suficiente para deslindarse de las irregularidades que derivaron de los convenios firmados: la violación a la Ley de Adquisiciones con la subcontratación de empresas que realizaron el 92% de los servicios, el hecho de que no hayan dado los servicios para las que fueron contratadas y que, además, resultaran fantasma e ilegales.

SOSPECHOSOS DE BAJO NIVEL

En ningún caso las firmas de los convenios involucran a funcionarios de primer nivel. La “contratación” de las universidades se la dejan a cargo de mandos medios. Por ejemplo, los convenios de Sedesol para servicios al programa de Adultos mayores, fueron firmados por el director general de Atención a grupos prioritarios. En 2013 el puesto era ocupado por Ramiro E. Ornelas Hall y en 2014 por Héctor Eduardo Zelonka Valdés.

Pero en palabras del auditor superior, Juan Manuel Portal, los titulares de las dependencias son los responsables. En ese periodo, la secretaria de Desarrollo Social era Rosario Robles y el Oficial Mayor, Emilio Zebadúa.

Un concierto de 75 millones

En abril de 2013, Sedesol firmó con la Universidad Autónoma del Estado de México un primer convenio de 159 millones de pesos con tres objetivos: organizar un concierto, entregar despensas y realizar una feria con organizaciones de la sociedad civil.

La institución educativa contrató a S&C Constructores de Sistemas por 75 millones de pesos. Esa empresa organizó en abril de 2013, en la Ciudad de México, el concierto “Compartamos música, erradiquemos el hambre” de la Cruzada contra el Hambre.

S&C Constructores de Sistemas se quedó con 61 millones y le entregó 14 millones a ESGER. La Auditoría Superior de la Federación determinó que no existe evidencia de que ésta última haya participado en la organización del evento.

Un caso similar ocurrió con las empresas Advanced Computer Knowledge y Dumago Systems Solutions, que fueron contratadas por las universidades para un servicio de “redes nutricionales”, es decir, reparto de despensas. Estas dos firmas comparten oficina en un edificio con número 162 de la calle de Liverpool, localizado entre un restaurante coreano y una tienda de helados en la Zona Rosa.

Entre las dos, en un año firmaron contratos por 101 millones de pesos y de los contratos transfirieron 52 millones de pesos a ESGER Servicios y Construcciones S.A. de C.V., aunque no existe constancia documental de los servicios que esta empresa prestó ni razón de la transferencia.

Cuando se solicitó a la Sedesol constancias de que se dieron los servicios contratados, solo entregó las facturas pagadas a las empresas Advanced Computer y Dumago como “prueba”.

En la dirección de estas dos empresas, Advanced Computer Knowledge y Dumago Systems Solutions, es imposible hablar con una persona. Los accionistas, encargados de despacho o representantes legales nunca están ahí, como se confirmó tras varias visitas al domicilio. Los teléfonos están fuera de servicio. Las actas constitutivas de estas firmas no existen en la Secretaría de Economía.

Hasta Nuevo León

Los casos llegan también a cuatro empresas regiomontanas —Evyena, Comercializadora Integral de Servicios Villaregia, Femexport y Grupo Industrial y Servicios Yafed— que participaron en licitaciones o efectuaron trabajos con la Universidad Autónoma de Morelos por un total de 276 millones de pesos.

Una quinta empresa regiomontana, Icalma Servicios y Consultoría, recibió pagos de la Universidad Autónoma del Estado de México por realizar trabajos para Fovissste. La sede de estas cinco firmas es el mismo despacho en la colonia Palo Alto en San Pedro Garza, Nuevo León, en el número 305.

En una visita de campo, un joven de unos 30 años que se presenta como el encargado de la oficina confirmó que todas las empresas se encuentran en esa dirección. Aseguró que no hay más empleados y los dueños únicamente se comunican por teléfono.

En esa dirección están tres empresas más —Constructora Yapo, Comercializadora Rivercruz y Constructora Bofil—, las cuales tienen investigaciones abiertas en Sinaloa, y en Monterrey, Nuevo León, por incumplimiento de contrato.

La oficina que ocupan las ocho empresas no es suficiente para colocar ni siquiera un escritorio pequeño. En horario de oficina la puerta está cerrada y solo se ven cajas con registros contables que se identifican con letreros de papel.

Las cuatro empresas regiomontanas que recibieron recursos de Sedesol, vía la Universidad Autónoma de Morelos, no solo comparten oficina. También tienen la constante de que le entregaron dinero a ESGER: 81% de los 276 millones de pesos que recibieron en contratos.

Todas esas transferencias fueron detectadas por la ASF durante los peritajes que se realizaron durante las auditorías forenses. Se revisaron las cuentas y las transferencias de las empresas involucradas en las presuntas irregularidades.

De la última visita que el equipo de investigación de Animal Político y MCCI realizó a las oficinas de ESGER, solo se consiguió una negativa rotunda a dar cualquier tipo de información tanto de la empresa como de los accionistas.

Todos los convenios que firmó Sedesol con las universidades autónomas de Morelos y del Estado de México derivaron en distintas operaciones para desviar los recursos.

Para un servicio de evaluación de actividades, la Autónoma de Morelos lanzó en 2014 licitación para contratar proveedor. Solo concursaron dos empresas: Grupo Industrial Yafed y Consolidación de Servicios y Sistemas Administrativos (Consersa). La primera es una empresa fantasma y la segunda, que resultó ganadora, es investigada desde octubre pasado por el SAT por operaciones ilegales.

El 9 de octubre de 2014, la misma universidad entregó 158 millones de pesos a Consolidación de Servicios. Un día después, ésta transfirió el 87% del dinero a otra empresa, Comercializadora Integral de Productos Villaregia, que también es investigada por el SAT desde septiembre 2016. Ésta última compañía, a su vez, le entregó 138 millones de pesos a ESGER Servicios y Construcciones S.A. de C.V., sin siquiera firmar un contrato.

Se hacían las transferencias, pero se incumplía con los servicios. Por ejemplo, la Sedesol pagó 22 millones de pesos por “un sistema de administración y seguimiento a los programas sociales con reglas de operación del gobierno federal” que, según el convenio, debía tener un padrón de beneficiarios unificado.

Lo que se entregó fue un sistema que incluyó solo el padrón del Programa de apoyo comunitario y no el de los 70 programas sociales restantes del gobierno federal. Sin embargo, la Sedesol argumentó que el sistema funcionó al momento de la entrega.

A pesar de que ESGER obtuvo transferencias millonarias y que fue señalada dos años consecutivos por la ASF, no ha sido investigada por el SAT ni por ninguna otra autoridad del país.

Aunque los convenios con las universidades fueron firmados por mandos medios, tanto la titular de la dependencia como el oficial mayor debían conocer de prácticas de desvío, según dice el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal. “Ellos no firman, pero son los responsables”.

En este esquema, el oficial mayor es una figura clave: se trata del administrador de los recursos públicos y quien avala cómo se usan. En el caso de la Sedesol, durante la gestión de Rosario Robles, Emilio Zebadúa ocupó dicho cargo.

Ante el Órgano Interno de control la Sedesol defendió en todos los expedientes el papel del oficial mayor. Jurídicamente argumentaron que las universidades presentaron los entregables suficientes para justificar el pago.

HAY MAS:

Lo medios a cargo de la investigación anunciaron que existen datos que hablan de que, así como lo hizo Sedesol, en la estafa con universidades públicas también participó Pemex: 3 mil 576 millones de pesos, y ya Animal Político ofrece mayor información en su portal, lo cual "reventó" un nuevo escándalo que involucra a la autoridad federal y a sus altos representantes en lo particular.