Investiga la PGR a dos universidades más

+ Con la llamada “estafa maestra” malversaron más de 30 mdp

CD. DE MÉXICO, 19 de Diciembre de 2017.- Investigaciones federales por presunta irregularidad en el manejo de recursos públicos entre dependencias y universidades han hecho crecer los volúmenes de dinero involucrado en lo que ahora se conoce como “la estafa maestra”.

La Procuraduría General de la República abrió ahora una averiguación contra 2 universidades más que, a través de convenios con Sagarpa, habrían recibido más de 30 millones de pesos, que todo parece indicar, fue adjudicado y transferido de forma irregular a terceros.

El esquema es el mismo esquema de fraude documentado en una investigación periodística denominada “La Estafa Maestra”, que señala a dependencias federales evadiendo controles de licitación y transparencia, para otorgar contratos a universidades por servicios no realizados pese a lo cual les fueron pagados, como ahora se ha descubierto con hasta ocho universidades en Estado de México, Campeche, Morelos y Tabasco.

La PGR tiene una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación del 31 de octubre pasado, que involucra a la Universidad Juárez del Estado de Durango; y la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas.

Resultados de la auditoría 15-0- 08100-02- 0328, indican que SAGARPA firmó en 2015 convenios con dichas universidades como parte de su proceso de compra de bienes y servicios, que ahora se descubre, están llenos de irregularidades. En este caso se trataba de un servicio para supervisar componentes del Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

EL MÉTODO

El contrato se firmó aprovechando una excepción legal marcada en el párrafo quinto del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que señala que si un servicio se asigna a una instancia pública esta queda excluida de un proceso de licitación.

Ese mismo párrafo estipula que la instancia pública a la que se asignen los recursos está obligada entregar por su cuenta la parte sustantiva del servicio, y no contratar a terceros. Sagarpa nunca exigió a la Universidad Juárez del Estado de Durango comprobar capacidad para ejecutar al menos el 51% de estipulado en el contrato. Solo pidió un escrito confirmando que ejecutaría por su cuenta el servicio.

La Universidad delegó realizar los servicios a 24 personas físicas en total, ajenas a esa casa de estudios, lo que evidencia que no contaba con la capacidad técnica y humana para la realización de los trabajos contratados, señala la Auditoría. Ahora las universidades no pueden justificar ni cumplimiento ni bitácoras de lo que habrían hecho.

Un reportaje divulgado en septiembre por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, denominado “La Estafa Maestra”, evidenció el esquema de pagos irregulares entregados por el gobierno federal a distintas universidades. En ese momento la PGR ya tenía 14 averiguaciones previas, por convenios realizados por la Secretaría de Desarrollo Social con las universidades autónomas del Estado de México y de Morelos.

El 7 de diciembre ese portal reveló también que la PGR había iniciado otra averiguación previa por un convenio de casi 220 millones de pesos entre Sagarpa y la Universidad Autónoma de Zacatecas. Los proyectos, por los cuales se pagó la referida cantidad, eran una copia de información publicada en páginas de internet entre ellas Wikipedia, monografías.com y buenastareas.com.

Con la carpeta de investigación que involucra ahora a la una universidad en Durango y otra en Zacatecas, ya suman 16 los casos, sin que ninguno de ellos haya llegado a una consignación, pues “siguen en integración.