Tejió el PRI una gran red de desvío de dinero: NYT
+ Fueron millones los que transfirieron ilegalmente a campañas políticas
CHIHUAHUA, Chih., 22 de Diciembre de 2017.- Un ex dirigente priísta fue arrestado como parte de una investigación sobre el uso ilegal de recursos públicos para impulsar las campañas de su partido en las elecciones mexicanas del año pasado, confirmaron funcionarios estatales.
El ex directivo Alejandro Gutiérrez, identificado remarcadamente como es “uno de los aliados del presidente mexicano”, que están bajo sospecha de participar en un esquema de malversación para ganar elecciones y contrarrestar la “profunda insatisfacción con el gobierno”, sostienen ex funcionarios vinculados al plan y cientos de páginas de documentos revisados por el diario estadounidense The New York Times.
El arresto de Gutiérrez, quien fuera secretario del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es parte de una investigación que se amplía sobre la corrupción atribuída al anterior gobernador del estado, quien hacía notar su cercanía con el presidente Enrique Peña Nieto. El mandatario, César Duarte, ahora huye de la ley en los Estados Unidos, pero 6 de sus ex funcionarios estatales han sido vinculados en el caso y algunos ya declaran a la autoridad, lo cual se dijo en el reportaje, ha puesto nerviosos a varios funcionarios de alto nivel del Gobierno mexicano.
Gutiérrez es investigado en relación al plan nacional para canalizar decenas de millones de dólares del dinero público para ayudar a los candidatos del PRI en las elecciones para gobernador de 2016, que canalizó envíos de dinero a los estados con gobernadores cercanos dentro del partido. Luego, los funcionarios crearon una serie de contratos gubernamentales con compañías falsas y la práctica permitió devolver el dinero para destinarlo a las campañas.
En ese momento, los funcionarios del PRI estaban preocupados por perder las elecciones estatales en junio de 2016. Hoy confirman que el patrón de malversación para financiar elecciones se produjo en varios estados donde el PRI temía perder el control.
Los documentos revisados por The New York Times se centran en el esquema de malversación en Chihuahua. Según los registros, millones de dólares del gobierno federal se transfirieron en enero de 2016 a ese estado para usarlos en el sector educativo. Pero se desviaron a cuatro compañías utilizadas para ese fin, un negocio que el auditor fiscal del país incluyó en la lista negra de empresas falsas, en este caso encontradas como proveedores gubernamentales.
Esas empresas fueron contratadas supuestamente para proporcionar servicios educativos, para lo cual recibieron casi 14 millones de dólares y los registros bancarios muestran que el dinero se recibió, pero no proporcionaron esos servicios, según las declaraciones juradas de actuales funcionarios de educación del estado.
Convertido en efectivo, el dinero se devolvió al PRI para que fuera utilizado en las campañas electorales, dicen aquellos funcionarios, uno de ellos Ricardo Yáñez, ex secretario de Educación de Chihuahua, quien cumple sentencia de 4 años en prisión.
LA “PELLIZCÓ” UN POCO
De esos montos, unos 230 mil dólares se depositaron en una cuenta comercial operada por Gutiérrez, el ex secretario del PRI, según los registros bancarios y las declaraciones de los testigos.
La red de pagos sugiere un vínculo entre el esquema de malversación y los líderes nacionales del partido. Los contratos y los registros bancarios muestran que millones de dólares se destinaron a algunas de las mismas empresas falsas, o empresas conectadas a ellas en los estados de Sonora y Durango.
También cientos de miles de dólares en depósitos a compañías por parte del estado de Colima y ahora se indaga sobre el procedimiento que habría operado similarmente en Veracruz y Tamaulipas.
Los funcionarios de Veracruz no respondieron a interrogantes sobre el caso. El actual gobernador de Tamaulipas, que ganó durante la elección en 2016, dijo que ya investigó a sus funcionarios y no encontró ningún contrato con las cuatro principales compañías falsas, pero se indaga sobre más presuntos involucrados.
En el documento de sentencia, Yáñez, el ministro de Educación estatal declarado culpable, es citado diciendo que tanto Gutiérrez como el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, le dijeron que el dinero se envió al gobierno federal para financiar las campañas electorales del partido, lo cual se había hecho también en varios estados.
Duarte huyó a Estados Unidos para evadir cargos federales y estatales de corrupción, que le habrían dejado dividendos irregulares por unos 300 millones de dólares durante su gestión.
La hija de Duarte es ciudadana estadunidense y, de acuerdo con los documentos legales revisados por The New York Times, el ex gobernador solicitó una tarjeta de residencia permanente; hoy estaría viviendo en Texas y Nuevo México, pero no se le ha encontrado para pedirle su declaración.
El presidente del partido oficial en el momento del plan de financiamiento de campañas, Manlio Fabio Beltrones, es aliado desde hace mucho tiempo del presidente y su familia y es también mencionado en el documento de sentencia. El ex gobernador le habría dicho que Beltrones había ideado el plan.
Los casos de la campaña son parte de una amplia investigación en curso en Chihuahua, donde el nuevo gobernador, Javier Corral, le ha encargado a su fiscal general que investigue la corrupción.
En enero de 2016, Chihuahua enfrentaba problemas financieros y necesitaba ayuda para hacer la nómina. Jaime Herrera, el ex secretario de Finanzas del estado en la gestión de Duarte, necesitaba casi 16 millones de dólares para aliviar la tensión financiera.
Dos días después, en un contrato de siete páginas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aceptó el pedido. De acuerdo con la oficina del gobernador, un cambio de dos días para una solicitud tan grande fue una decisión asombrosamente rápida.
Pero el motivo de la transferencia era un engaño. Según ellos, Gutiérrez, el ex directivo del PRI, había llamado a funcionarios en Chihuahua para que le pidieran el dinero a los funcionarios federales y se les dieron los nombres de cuatro compañías que supuestamente le proporcionarían servicios educativos al estado, pero hoy se sabe, eran firmas falsas desde las cuales los miembros del partido podían desviar el dinero.
El gasto fue de unos 5.2 millones de dólares por el software estatal de recursos humanos. A otras tres empresas se les pagaron millones por capacitación y educación, según los contratos revisados por The New York Times. Especialistas en contrataciones dicen que los montos pagados por el estado eran astronómicamente altos por los servicios que brindaban.