Tribunal ordena indemnizar al periodista Arturo Zárate Vite por tortura
CD. DE MÉXICO, 26 de febrero de 2024.- El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ordenó que el periodista Arturo Zárate Vite, víctima de tortura, sea indemnizado.
La Sala Superior del tribunal, al comprobar los excesos en que incurrió personal de la extinta Comisión Nacional de Seguridad en diciembre de 2012 en contra del comunicador, aprobó por unanimidad la resolución.
Con el propósito de valorar el daño físico causado, la autoridad instruyó la elaboración de los dictámenes periciales médicos, que ya concluyeron.
“Toda vez que la presente carpeta se encuentra debidamente integrada, túrnense los autos que integran el presente juico al magistrado ponente, a fin de que formule el proyecto relativo al incidente para cuantificar de manera justa el perjuicio causado al accionante respecto del daño físico sufrido como consecuencia de los actos de maltrato y tortura”, señala el oficio 110-25670/23 de la Secretaría General de Acuerdos del TFJA.
Una vez que se haga la cuantificación y sea aprobada por el pleno de magistradas y magistrados de la Sala Superior, se notificará a las partes para que se proceda al resarcimiento correspondiente.
La normatividad no establece ningún plazo específico para el cumplimiento del trámite, por lo que el proceso podría durar todavía varios meses. Lo que es irreversible y definitiva es la resolución del tribunal que sostiene está probada la tortura y por lo tanto el periodista debe ser indemnizado.
El periodista Arturo Zárate Vite fue torturado en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el estado de México, donde estuvo recluido cinco días, acusado de acoso y abuso sexual, supuestamente cometidos cuando se desempeñaba como vocero de la CNDH.
Su situación jurídica no fue resuelta en las 72 horas que establece la Constitución cuando no se solicita la duplicidad del término. En la prolongación indebida del plazo fue torturado por elementos de la desaparecida Comisión Nacional de Seguridad, que en el 2012 dependía de la Secretaría de Gobernación.
Dicha comisión fue desintegrada al inicio del actual gobierno. Sus atribuciones se le asignaron a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.