Proponen fiscal para atención a periodistas
+ Atendería delitos cometidos contra este sector; no tiene eco
HERMOSILLO, Son., 15 de Mayo de 2012.- El diputado Ulises Cristópulos Ríos, coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, presentó la iniciativa para adicionar un cuarto párrafo al artículo 8° de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia.
Esto, a efecto de “crear en Sonora una agencia del Ministerio Público especializada en la investigación y persecución de delitos cometidos en contra de periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta, en el Estado de Sonora”, expuso el legislador.
“La violencia contra los periodistas se ha intensificado tanto en Sonora como en el país en general y tiende a agravarse. En nuestro Estado, aún se siente la angustia de los familiares y amigos del periodista Alfredo Jiménez Mota, quien hasta la fecha lleva 2,599 días en calidad de desaparecido. Otro acto que debemos mencionar es el atentado en contra de la integridad física del periodista Gerardo Ponce de León, a quien le fueron ocasionadas diversas lesiones por un par de individuos en la ciudad de Hermosillo, agregó.
Al no reunir las dos terceras partes de los votos requeridos para que el asunto se desahogara en la misma sesión, la iniciativa fue turnada a la comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Proponen cumplimiento de sanciones en casa
Como siguiente punto, el diputado Daniel Córdova Bon dio lectura a la iniciativa de decreto para adicionar un artículo 90 bis a la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Medidas Restrictivas de Libertad y un artículo 57 bis a la iniciativa de ley de ejecución de sanciones penales y medidas de seguridad del estado de Sonora.
Ello, con el objeto de que los adultos mayores de 70 años, sentenciados por algún ilícito, y atendiendo sus condiciones de salud y físicas, previa solicitud, puedan cumplir su sentencia en su domicilio, siempre y cuando se trate de delitos no considerados como graves, no exista reincidencia por parte del beneficiario y hayan cumplido la mitad de sus sentencia en reclusión, asimismo, que la aplicación de esta medida no represente un peligro para la tranquilidad y seguridad públicas. La iniciativa fue turnada a la comisión de Justicia y Derechos Humanos.