Pensiones financian negocios de políticos
CD. DE MEXICO, 21 de Mayo de 2017.- Dinero del fondo de ahorro para el retiro que administran entidades bancarias (Afores), se han usado en el financiamiento de negocios de políticos, revela una investigación.
El fondo de inversión Infraestructura Institucional, cuyo consejo encabezó Marcos Gerard Rivero, cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, ha dado uso a miles de millones de pesos a través de “Certificados de capital de desarrollo”, o CKDs, surgidos de los fondos que se supone, serán exclusivamente para las pensiones de los trabajadores mexicanos.
Este fondo de Infraestructura Institucional, operó el 50 por ciento del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, Estado de México, cuya obra quedó a cargo de la constructora Teya, del empresario Juan Armando Hinojosa, amigo del Presidente Enrique Peña Nieto y quien provocó el escándalo de financiar la residencia de su familia, la ya famosa “Casa Blanca”.
Infraestructura Institucional es una firma privada de inversión, fundada en 2010, para impulsar proyectos de infraestructura. Su promoción le ha permitido atraer unos mil millones de dólares en capital a través de dos fondos, el CKD, listados en la Bolsa Mexicana de Valores, con inversionistas de fondos de pensiones (Afores); y “otros inversionistas institucionales”, revela un comunicado de la agencia PR Newswire.
No es nuevo el tema. En 2014 se dieron a conocer los primeros datos sobre planes de inversión en el nuevo sector energético mexicano de una de las empresas que recibió fondos de Infraestructura Institucional, Sierra Oil and Gas, en la que, entre otros, participa como consejero el ex director de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Energía (Sener) entre 2003 y 2007, Salvador Beltrán del Río.
“La inversión en Sierra representa una oportunidad importante para el capital institucional de México, particularmente los fondos de pensiones (Afores) que invierten en nuestros Certificados de Capital de Desarrollo (CKD), para ayudar a financiar el desarrollo del naciente sector privado mexicano de energía al participar en los proyectos de exploración y producción desbloqueados por la Reforma Energética”, agrega el mismo boletín, citando a uno de los socios de Sierra.
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), reportó en 2010 financiamiento de Infraestructura Institucional por 2 mil 737 millones, y 83 por ciento provenía de las Afores (Administradoras de Fondo para el Retiro).
Infraestructura Institucional colocó un CKD por 2 mil 737 millones de pesos, y 2 mil 270 millones fueron adquiridos por las Afores; es decir, el 83 por ciento de la emisión. La colocación buscaba inversiones en “proyectos de infraestructura medianos de baja complejidad en México; libramientos, potabilización, distribución y tratamiento de agua; así como infraestructura social como hospitales y escuelas”, señalaba la Consar.
El 30 de noviembre de 2015, Infraestructura Institucional se fusionó con la trasnacional BlackRock Inc, que en diciembre de 2015 enlistó al Hospital Regional de Zumpango entre sus negocios, para el contrato de prestación de servicios a largo plazo para el diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento, según la descripción de la “actividad” en la que Black Rock posee el 50 por ciento, y contenida en uno de sus reportes a la BMV.
Los Certificados de Capital de Desarrollo, o CKD, de acuerdo con la definición de la Consar, son títulos fiduciarios que se destinan a la “inversión o al financiamiento de las actividades o proyectos dentro del territorio nacional, de una o varias sociedades”.
En 2015, de acuerdo con la misma comisión, hasta un 6.1 del total de los fondos para el retiro de los trabajadores mexicanos se destinaba a este tipo de instrumentos, mientras que, en 2016, la proporción bajó a 4.5 por ciento debido a la entrada de otros modelos de inversiones con recursos de las Afores, denominadas “Fibras”.
La Consar permite a las administradoras de los fondos para el retiro invertir en este tipo de instrumentos financieros desde 2008, mientras que, desde 2009, los CKD aparecen en los listados de la Bolsa Mexicana de Valores.
La primera emisión de un CKD fue en octubre de 2009, después de un esfuerzo coordinado entre la Bolsa Mexicana de Valores y las autoridades financieras para la definición del marco normativo aplicable a este instrumento. Desde entonces se han colocado 13 emisiones por 33 mil 584 millones de pesos, dijo la BMV en 2010, cuando este organismo lo presidía Luis Téllez Kuénzler, un miembro de consejos de firmas como Grupo México, que también ha sido secretario de Energía, de Comunicaciones y Transportes y ahora integrante del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
¿QUIÉN GANA… QUIÉN PIERDE?
Expertos en política industrial y fiscal del Instituto de Investigaciones Económicas, mencionan que el problema de este tipo de inversiones es que, en caso de que los proyectos de infraestructura no sean rentables o enfrenten entornos volátiles o crisis económicas, no está claro quién asumirá las pérdidas o protegerá los ahorros de los trabajadores.
Es decir, la idea es clara al transferir fondos a mecanismos de inversión, es la expectativa de que los trabajadores tengan mayores volúmenes de ganancia, pero no queda claro quién va a absorber las pérdidas y eso es uno de los riegos.
En teoría son buenas ideas, pero ante problemas económicos eso se vuelve perdida y esas Afores servirán para absorber esas pérdidas, se lee en un documento titulado “La Distribución del Ingreso y los modelos de desarrollo en México”.
Para este tipo de inversiones habrían de formarse fideicomisos que ya se encuentran en el negocio de la administración. Un ejemplo es Evercore, una firma de asesoría financiera y casa de Bolsa fundada por Pedro Aspe Armella, ex Secretario de Hacienda de Carlos Salinas, y donde también trabajaron el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y el ex Subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela Rodríguez.
Evercore ha participado en el refinanciamiento de deudas estatales, como la de Chihuahua, Coahuila y Puebla, que según el reporte final, han resultado, las primeras, entre las más elevadas de la República y, la segunda, entre las que registraron mayor cantidad de pasivos no reportados al Gobierno federal.