+ Logra sentencia condenatoria histórica y deberá repararse el daño por más de 118 millones de pesos
CD. OBREGÓN, Son., 28 de marzo de 2019.- Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado logró una sentencia de 18 años de prisión contra un hombre en el Sur del Estado, y la reparación del daño por más de 118 millones de pesos, por el delito de fraude específico, en perjuicio de dos empresas dedicada al ramo agropecuario.
Después de las investigaciones y las pruebas presentadas en las audiencias, el Juez Oral Penal dictó el fallo condenatorio contra el sentenciado, el pasado 13 de marzo, por el agravio a una empresa relacionada agropecuaria de esta región.
La pena de es de 18 años, un mes y 15 días de prisión, multa de 42 mil 840 pesos y el pago de reparación del daño material a favor de las ofendidas por 118 millones 978 mil 633 pesos.
También se ordenó el decomiso de los bienes adquiridos por el responsable con el producto del dinero del fraude y se aseguraron tres cuentas bancarias.
La FGJE recibió la denuncia correspondiente por los hechos cometidos entre noviembre de 2005 y noviembre de 2009. El hoy sentenciado emitió cheques al valerse de cargos estratégicos dentro de la empresa, en diferentes áreas administrativas y de finanzas; incluso era el hombre de confianza del director general.
MODUS OPERANDI
El inculpado ordenó al Departamento de Contabilidad y Pagos, áreas subordinadas a su dirección, la emisión de once cheques a nombre de una empresa del cual era accionista mayoritario y administrador único, por conceptos de servicios diversos nunca prestados, y que se cargaron a la empresa para la que laboró por más de 20 años, dando un monto de 18 millones 16 mil 50 pesos.
Para lograr la emisión de los cheques, se aprovechaba de su superioridad jerárquica al ordenar su emisión sin posibilidad de cuestionar sus órdenes. También se aprovechó de que la empresa ofendida tenía entre sus proveedores a una empresa de nombre similar al corporativo, de la que era accionista.
Entre el 26 de marzo de 2010 y el 6 de octubre de 2017, ordenó emitir 47 cheques con un monto global de 98 millones 4 mil 583 pesos, con cargo a otra empresa afectada, y adicional ente ordenó el pago de siete facturas entre el 26 de febrero y el 7 de junio de 2016 a favor de otro negocio de su propiedad y administrador único, por servicios no prestados, por 2 millones 958 mil pesos.
El acusado engañó al personal aprovechándose del puesto de alta jerarquía que desempeñaba e hizo creer al Departamento de Contabilidad y Pagos que cheques y pago de facturas eran para proveedores que ya prestaban sus servicios a las ofendidas, sin embargo, eran para empresas que él mismo había constituido.
Agentes del Ministerio Público Especializados solicitaron una orden de aprehensión, que otorgó el Juez de Control contra el hombre, cumplida el 30 de noviembre de 2017 y de inmediato se le puso a disposición del Juez, quien lo vinculó a proceso el 6 de diciembre de 2017 y decretó la prisión preventiva como medida cautelar.
El 27 de junio de 2018, la Fiscalía formalizó la acusación en su contra y solicitó la reparación del daño por 118 millones 978 mil 633 pesos y dispuso el decomiso de bienes inmuebles adquiridos por el acusado con el producto del dinero obtenido ilícitamente; también dispuso de sus cuentas bancarias.
Dado el número de testigos de la FGJE y defensa y lo extenso de sus declaraciones, la audiencia se prolongó por varios días de febrero que se extendió a inicios de marzo. Entre testigos declarados por personal de la Fiscalía General había empleados de las empresas ofendidas, quienes describieron la forma de operar del acusado.
Auditores internos y externos determinaron la cuantía del fraude y el destino del dinero a cuentas del acusado; elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y peritos que realizaron las pesquisas en las propiedades del acusado fueron fundamentales.
Por su parte, la defensa ofertó la declaración del propio acusado y los accionistas de las empresas ofendidas quienes narraron no tener conocimiento de los hechos. Objetaron las manifestaciones del defensor del acusado ante lo improcedente de sus argumentos, contrainterrogaron a los testigos de la defensa y expusieron los alegatos de clausura, fue en ese momento en el que mediante argumentos se expuso al Juez por qué debía condenar al acusado.



