Quieren «tumbar» decreto de Peña Nieto

+ Marinos Mercantes exigirán volver a las disposiciones de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo y de la Ley de Puertos modificadas en 2016

GUAYMAS, Son., 4 de abril de 2019.- El Colegio de Marinos de Sonora se sumó al esfuerzo nacional con el que este sector, intenta dar marcha atrás al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2016, que reformó, adicionó y derogó disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y de la Ley de Puertos.

Entonces, el presidente de México Enrique Peña Nieto expuso haber recibido del Congreso Federal, el documento proyecto que le llevó a emitir el decreto para reformar los artículos 30, fracciones V y XX, y 36, fracciones I, XVII y XVIII; y adiciones a las fracciones VII Ter y VII Quáter al artículo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que amplía facultades a la Secretaría de Marina para aplicar medidas en materia de seguridad y protección marítima, incluso en el área de construcción y conservación de obras marítimas, portuarias y de dragado.

En la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, se confirma que la facultad de Autoridad Marítima Nacional ejercida por el Ejecutivo Federal será a través de la SEMAR, para ejercicio de la soberanía, protección y seguridad marítima, así como el mantenimiento del estado de derecho en mares del país, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias.

TODO EL CONTROL

Hoy SEMAR abandera y matricula embarcaciones y artefactos navales; certifica singladuras, expide libretas de mar e identidad marítima del personal embarcado de la Marina Mercante mexicana; vigila que comunicación y navegación cumpla condiciones de seguridad y señalamiento marítimo; la salvaguarda de la vida humana en el mar; organizar, regular y, en su caso, prestar servicios de ayudas a la navegación y radiocomunicación marítima.

También inspecciona y certifica embarcaciones mexicanas, cumplimiento de Tratados Internacionales, la legislación nacional, reglamentos y normas oficiales en la navegación, así como prevención de la contaminación marina, entre muchas otras facultades que correspondían a la autoridad de puertos antes bajo el mando de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Entre ellos están las investigaciones y actuaciones, designar peritos facultados profesionalmente y emitir dictámenes de accidentes e incidentes marítimos, fluviales y lacustres; y hasta coadyuvar con la autoridad laboral, para resolver conflictos marítimos de esa naturaleza.

Un punto donde más chocó con el sector marina mercante, fue que podría imponer sanciones por infracciones a esta Ley, a sus reglamentos y a los Tratados Internacionales y la “agresiva” facultad de nombrar y remover a los capitanes de puerto. Hoy, cada puerto habilitado tiene una capitanía de puerto dependiente de la SEMAR, responsable de emitir toda autorización y criterio para operar servicios de transporte marítimo.

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