- La decisión del resolutivo estrictamente apegado a derecho.
- Greenpece pretende aislar un criterio ecológico del contexto del marco normativo mexicano.
Los Cabos, B.C.S., 4 de marzo de 2011.- Ante la intención de la organización conservacionista Greenpeace de tratar de confundir a la sociedad sobre la autorización parcial condicionada de la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto Cabo Cortés, ubicado en el municipio de Los Cabos, Baja California Sur, la Semarnat señala que:
Como lo manifestó la Secretaría desde ayer, primero en una conferencia de prensa del Coordinador General de Comunicación Social, Sergio Ramírez Robles y después en los comunicados 71 y 74, esta dependencia al ser un ente público, solo puede hacer aquello que está expresamente permitido en su marco normativo.
Dicho marco Federal empieza por definir que un ordenamiento ecológico es un «instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso de suelo y las actividades productivas con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales», como lo contempla el Art. 3 Fracción XXIV de la Ley Federal de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
También como lo señala la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Baja California Sur en su Art. 11, Fracción II que «en el ejercicio de las atribuciones que le confiere al Estado las leyes en la materia, -para regular, promover, restringir, prohibir, orientar, y en general, inducir las acciones de los particulares en los campos económico y social- se consideraran los criterios de regulación, protección, preservación, conservación y mejoramiento ecológico y ambiental».
Además, en lo que atañe a los criterios de ordenamiento ecológico del Plan de Ordenamiento Ecológico del Municipio de Los Cabos vigente, en preciso resaltar que dicho ordenamiento establece las metas, políticas y criterios de ordenamiento ecológico para las Unidades de Gestión Ambiental (UGA) T-13 y T-14, por lo que la definición de alcances de cualquier criterio en lo individual tiene que ser interpretado a partir del más amplio contexto legal y técnico.
Greenpeace pretende confundir a partir de una lectura limitativa de un solo criterio ecológico, cuando es técnica y jurídicamente aceptado que en cada UGA convergen varios criterios ecológicos que conviven y se condicionan mutuamente bajo una sola política ambiental.
La resolución de Semarnat explica de manera abundante y detallada como conviven en este proyecto los diferentes criterios ecológicos que al separarse de su contexto pretenden construir argumentos perversos y que solo buscan confundir a la ciudadanía.
Los criterios de ley antes descritos, no son una interpretación de la Semarnat, sino el espíritu de las leyes ambientales aprobadas por el Poder Legislativo a nivel federal y estatal, por las cuales se rige la actuación de esta dependencia.
Contrario a la intensión de la organización Greenpeace que pretende adjudicar a la Secretaría que el argumento del resolutivo fue por que los criterios ecológicos no son obligatorios sino «inductivos»…, -hecho que es erróneo-, la dependencia nunca señaló que no hubiera obligatoriedad, sino por el contrario que estos tienen que analizarse en su totalidad y de manera amplia.
Con su señalamiento la organización ambiental pretende hacer una discusión ambiental de una que es meramente legal y construir un argumento simplista de una reflexión que debe ser amplia.
Finalmente, esta Secretaría reitera su más amplio compromiso con el medio ambiente y en la defensa de los recursos naturales en el marco normativo mexicano y su disposición para atender las peticiones de información o aclaración de la sociedad.



