CD. DE MÉXICO, 6 de abril de 2026. – La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la facultad otorgada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para bloquear, sin orden judicial previa, cuentas bancarias a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, cuando hubiera indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
El proyecto de acción de Inconstitucionalidad 58/2022, bajo la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, declara constitucional el cambio legislativo del pasado 11 de marzo de 2022, al artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito. En sesión del pleno del Alto Tribunal de este lunes, el proyecto fue aprobado por mayoría, con el voto en contra de los ministros Arístides Guerrero García, Giovanni Figueroa Mejía y Yasmín Esquivel Mossa.
“Es correcto inmovilizar una cuenta cuando sucedan estas operaciones sospechosas que puedan suponer el origen de un ilícito, pero estos bloqueos no pueden ser indeterminados en cuanto a la conducta, tampoco en cuanto al tiempo en que se mantendrá bloqueada una cuenta antes de ser judicializada”, expresó Mossa. El análisis de la togada ponente considera el congelamiento de cuentas como una medida cautelar, orientada exclusivamente a proteger el sistema financiero y no a la persecución penal.
El proyecto define que esta acción no implica determinación de responsabilidad ni sustituye las facultades del Ministerio Público, solo opera en un “plano preventivo”, bajo parámetros de seguridad financiera y cumpliendo estándares internacionales.
La atribución de la UIF no vulnera la presunción de inocencia al no resolver sobre la culpabilidad de una persona ni impone penas; establece una inmovilización patrimonial temporal, revisable y sujeta a una garantía de audiencia administrativa.
Con este fallo del Alto Tribunal, la institución crediticia deberá notificar a la persona interesada las razones del congelamiento de las cuentas y de su incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas. Al partir del día hábil siguiente, la persona tendrá 5 días hábiles para solicitar la UIF el ejercicio de la garantía de audiencia y deberá otorgársele dentro de los 10 días hábiles siguientes, para que la persona manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca pruebas y alegatos.
Además, la UIF deberá resolver dentro de los 15 días hábiles siguientes la inclusión o no en la lista, argumentando los motivos de la resolución.
El tema surgió luego de que 49 senadores opositores impugnaron el decreto que modificaba la Ley de Instituciones de Crédito, publicado en el Diario Oficial de la Federación en 2022, por considerar que vulnera los principios de presunción de inocencia, audiencia previa y debido proceso.
Los legisladores plantearon que la facultad otorgada a la SHCP para congelar cuentas bancarias mediante la inclusión de personas en la “Lista de Personas Bloqueadas” vulnera la seguridad jurídica, pues se faculta ejecutar el bloqueo sin necesidad de fundar y motivar, de manera previa, las razones que lo justifican, dejando la carga de acreditar la licitud de los bienes a la persona afectada.
La ponencia de la ministra Loretta Ortiz reconoció que los integrantes del Senado están legitimados para promover acciones de inconstitucionalidad contra leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, pero declaró infundados los alegatos en la presente acción de inconstitucionalidad contra los cambios en la Ley de Instituciones de Crédito, declarando constitucional el decreto publicado en el DOF para congelar cuentas.



