Tendrá defensa de lujo, el exsecretario de Seguridad de Sinaloa

NUEVA YORK, 19 de mayo de 2026. – Sarah Krissoff, abogada muy solicitada en defensa de delitos económicos y experimentada exfiscal federal, dirigirá la defensa del exsecretario de Seguridad del Estado de Sinaloa, México, en las acusaciones del Departamento de Justicia sobre su vinculación con el crimen organizado.

“Cuenta con una impresionante trayectoria representando con firmeza a empresas e individuos en investigaciones gubernamentales e internas, casos penales y litigios civiles complejos ante tribunales federales y estatales”, detalla su perfil en la web de su empresa. Tiene 48 años y es originaria de Grand Rapids, Michigan, y ha tomado el caso de Mérida, a quien Washington acusa de vínculos criminales.

El general en retiro cruzó la frontera en Nogales, Arizona, hace poco más de una semana, para entregarse a las autoridades estadounidenses. Tendrá su primera audiencia el 1 de junio en una corte en Nueva York, donde permanece bajo arresto en una cárcel federal.

El pasado viernes, en una audiencia de solo unos minutos, compareció por primera vez ante la Corte en Manhattan, asistido por Krissoff, y se declaró inocente de tres cargos de narcotráfico y uso de armas. La cita del 1 de junio será ante Katherine Polk Failla, magistrada que ordenó la aprehensión del ahora gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

El nombre del también general de división retirado brotó el pasado 29 de abril, durante ese duro golpe a la política mexicana que significó la acusación contra varios funcionarios por sus vínculos con el narcotráfico, que incluye al mandatario estatal con licencia.

Un documento de la Corte de Nueva York señala que Mérida era centinela de los hijos del Chapo y recibía 100,000 dólares mensuales, para asegurar un escudo en cada operación de esa facción del Cartel de Sinaloa.

Krissoff es graduada de la Escuela de Leyes en la Universidad de Columbia y se desempeñó como fiscal federal adjunta en el Distrito Sur de Nueva York entre 2008 y 2021, desde donde dirigió investigaciones gubernamentales de alto perfil que requirieron coordinación de agencias policiales de múltiples jurisdicciones para investigar fraude financiero complejo y lavado de dinero, crimen organizado, fraude en el sector salud, delitos cibernéticos y delitos violentos.

Adquirió experiencia profunda en las unidades de corrupción pública, decomiso de activos y se fue subdirectora jurídica interina en la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos en Washington, en 2015, supervisando un equipo de 80 abogados en todo EEUU. Recibió en 2017 el Premio del Fiscal General por Servicio Excepcional, otorgado por el Departamento de Justicia. Hoy defiende a clientes contra acusaciones de fraude penal y civil, con énfasis en casos penales federales presentados por el Departamento de Justicia y las Fiscalías Federales.

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