Reforma electoral busca eliminar nexos con el crimen

CD. DE MÉXICO, 22 de mayo de 2026. – Los casos recientes en Morelos y Sinaloa impulsaron una propuesta de reforma electoral para impedir que quienes tengan vínculos con la delincuencia organizada accedan a cargos públicos.

La iniciativa plantea crear un mecanismo dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) para revisar perfiles de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027 y la propuesta surge en medio de investigaciones y detenciones de funcionarios municipales presuntamente relacionados con grupos criminales.

Se añaden señalamientos contra políticos que obligaron a la autoridad federal a buscar la manera de fortalecer los filtros para evitar que personas vinculadas con organizaciones delictivas sean postuladas a cargos de elección.

Se exhibió el reciente caso ocurrido en Morelos, donde la autoridad federal detuvo a Agustín “N”, alcalde de Atlatlahuacan, así como a Irving “N”, exalcalde de Yecapixtla, por presuntos vínculos con redes criminales, como parte del llamado Operativo Enjambre, estrategia que combate la infiltración del crimen organizado en estructuras de gobierno.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el caso de Morelos motivó el planteamiento de una reforma para que el INE pueda revisar antecedentes o investigaciones antes del registro de candidaturas.

Contempla crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, integrada por consejeros del Instituto Nacional Electoral y su función sería revisar perfiles de aspirantes a cargos públicos cuando exista un “riesgo razonable” de nexos con grupos criminales.

El debate ocurre también en un contexto marcado por señalamientos desde Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios presuntamente relacionados con el Cártel de Sinaloa.

Según datos oficiales, el Operativo Enjambre ha permitido la detención de al menos 70 funcionarios y exfuncionarios en 10 estados desde noviembre de 2024, entre alcaldes, expolicías municipales, mandos de seguridad y directores de corporaciones locales investigados por presuntos vínculos con criminales.

Destacan María Elena Martínez Robles, exalcaldesa de Amanalco; Pedro Luis Hernández de Paz, alcalde electo de Santo Tomás de los Plátanos, y Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, este último señalado por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Especialistas en seguridad y procesos electorales advirtieron que la propuesta sería insuficiente para resolver el problema estructural de la infiltración criminal en la política mexicana y que la responsabilidad principal de revisar perfiles es de los partidos políticos, no del árbitro electoral, y que relaciones entre autoridades y grupos criminales se generan durante el ejercicio del cargo, por lo que un filtro previo no necesariamente impediría futuros vínculos.

Otro punto cuestionado es que la revisión de candidaturas sería voluntaria para los partidos políticos y no obligatoria; también se advirtió que las limitaciones en procuración de justicia e investigación dificultará detectar nexos criminales antes de las elecciones. La propuesta se discutirá durante el periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados que iniciará el 26 de mayo. De aprobarse, el mecanismo entraría en operación rumbo a las elecciones de 2027, cuando se renovarán 17 gubernaturas y miles de cargos locales en todo el país.

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