HERMOSILLO, Son., 7 de octubre de 2026. – El gobernador Alfonso Durazo aclaró que la donación de 54 hectáreas hecha por el Gobierno de Sonora en Guaymas, para proyectos de modernización del puerto, fue a la Secretaría de Marina, no a la empresa AMIGO LNG.
Amigo GNL es una firma que ha activado el proceso previo a la construcción de una Planta de Licuefacción que exigirá una multimillonaria inversión
La nota que señala el donativo a los particulares de distintos países, se le atribuye a Televisa y el gobernador quiso precisar, en rueda de prensa este martes, que no son 54 hectáreas, sino 114, y no fueron a la empresa.
Explicó que el 9 de agosto de 2022, el Gobierno del Estado y la Secretaría de Marina firmaron un convenio para impulsar el potencial económico del puerto y el 16 de diciembre de 2025, el Estado donó a la Secretaría de Marina este terreno de 114 hectáreas.
El objetivo es coadyuvar a cumplir los objetivos propuestos en 2022. Tras el donativo, la Secretaría de Marina es la que resuelve qué hacer con esos terrenos. Destacó que se trabaja de manera muy coordinada con esa institución y “vamos avanzando de manera extraordinaria en el puerto”.
LAS RESCATÓ EN 2021
Dijo que las 114 hectáreas eran parte de un remate de bienes que hizo el Gobierno de Claudia Pavlovich antes de concluir aquella administración, pero fueron rescatadas por el actual gobierno para realizar proyectos en el puerto y por eso fueron excluidas de ese remate.
Rechazó su interés en hacer del Gobierno del Estado un terrateniente, “me interesa que el Gobierno del Estado sirva a los mejores objetivos de bienestar de las y los sonorenses”, aseguró.
El gobernador también respondió a preguntas sobre la compra de vacunas contra el COVID-19 realizadas por el Gobierno de Sonora en 2020, a una empresa sancionada por el Gobierno de Estados Unidos por tener nexos con el cártel de Sinaloa.
Dijo que su administración no mantiene ni ha mantenido una relación con este tipo de empresas y que “es probable que en las administraciones anteriores se haya dado esa vinculación”. El gobierno lleva un registro de proveedores y ante la eventualidad de alguna información como sucede con este caso, se revisa para que este tipo de empresas ni siquiera tengan posibilidad de ofrecer un servicio al gobierno y que queden excluidas de manera permanente, finalizó.



