Más arrestos por invadir terrenos del gobierno del Estado, en San Carlos

+ Hay 5 vinculados a proceso por despojo; familia acusa excesos de la Policía, al detener a una persona con espectro autista

GUAYMAS, Son., 26 de octubre de 2026. – La Fiscalía de Justicia obtuvo la vinculación a proceso de 5 personas, quienes fueron detenidas por su probable responsabilidad en el delito de despojo de terrenos propiedad del Gobierno del Estado, en la Comisaría de San Carlos.

Los imputados son José Guadalupe “N», Gabriel Francisco “N», Jesús Armando “N”, Juan de Dios “N” y Héctor Alonso “N”, quienes invadieron suelos estatales al lado norte del bulevar Tetakawi.

La investigación sugiere que hubo actos de despojo que afectan la disponibilidad material de los inmuebles propiedad y en posesión del Gobierno del Estado, que administra por conducto de la Dirección de Bienes y Concesiones.

El Ministerio Público formuló imputación y expuso datos de prueba. El Juez resolvió vinculación a proceso a los imputados e impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Los detenidos y familiares se quejaron de detención arbitraria, resaltando el caso de Héctor Alonso “N”, quien ‘presenta un cuadro de autismo no respetado por los agentes que los detuvieron.

La Fiscalía defendió las detenciones, señalando que derivan de una orden de aprehensión por hechos investigados como presunto despojo, y que la condición de la persona no fue manifestada por el imputado ni por su defensa durante esa diligencia.

Aseguró que no corresponde a los agentes dar por acreditada esa afirmación “únicamente a partir de una publicación”, o que el probable responsable nunca mostró signos de dicha condición.

La FGJES define su actuar como consecuencia del compromiso con la defensa del patrimonio público y el cumplimiento de la ley, así como con el respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas involucradas, que en este caso se ha cuestionado.

Si se acredita legal y médicamente que alguno de los imputados presenta una condición autista, lo cual no implica por sí misma y en automático una exención de responsabilidad penal, “la autoridad deberá considerar las circunstancias particulares y garantizar los apoyos, ajustes y salvaguardas que legalmente correspondan, con pleno respeto a sus derechos. Dijo que, si los invasores son grupos precaristas, el gobierno estatal buscaría atender su necesidad de vivienda, pero no permitirá que se apropien de terrenos del patrimonio estratégico del Estado de Sonora, “aun y cuando pretendan presentarse como víctimas de la autoridad a través de quien se presta para tales fines”.

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