Bajo investigación los contratos del INE y redes empresariales

CD. DE MÉXICO, 31 de octubre de 2026.- La Auditoría Superior de la Federación identificó contratos por 8,870 millones de pesos vinculados a dos grupos empresariales vinculados con funcionarios públicos, e investiga irregularidades en el INE, la UNAM, Nuevo León y Sinaloa.

Abrió investigaciones sobre irregularidades en la contratación de servicios y adjudicación de recursos públicos en organismos electorales, la Universidad Nacional Autónoma de México y los gobiernos de Nuevo León y Sinaloa.

Durante la presentación de la Segunda Entrega de Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2025 ante la Cámara de Diputados, el titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios informó de dos grupos empresariales, identificados con las siglas GC y GHC, sumaron contratos y operaciones por 8,870 millones de pesos con entidades públicas entre 2014 y 2026.

De ese monto, 3 mil 790 millones de pesos serían contratos con organismos públicos locales electorales (OPLE), y el Instituto Nacional Electoral habría celebrado contratos con esas empresas por aproximadamente 430 millones de pesos. Los análisis de inteligencia identifican posible red entre grupos empresariales y funcionarios públicos, o servidores públicos y distintas compañías.

Precisó que las investigaciones se desarrollarán con independencia, objetividad y rigor técnico, respetando el debido proceso y analizan posibles operaciones entre empresas de esos grupos, mediante las cuales compañías ganadoras de licitaciones habrían subcontratado a otras participantes en los mismos procedimientos, empresas con registro laboral reducido o inexistente que, pese a facturar cientos de millones de pesos, contaban con 5 trabajadores o ninguno.

Otra línea de investigación relaciona posibles prácticas para limitar la competencia y favorecer la adjudicación de contratos, lo que habría incidido en los precios y condiciones de contratación.

Los datos conducen a los organismos electorales locales de Veracruz, con 484.4 millones de pesos; Oaxaca, con 370.3 millones; Coahuila, con 306.3 millones; Puebla, con 286.6 millones; y Nuevo León, con 253.9 millones.

Proveedores de una de las empresas investigadas tuvieron relaciones comerciales con compañías dedicadas al timbrado de facturas cuyas certificaciones fueron revocadas por su vinculación con presuntas empresas factureras.

La indagatoria sobre el INE incluye posibles daños al erario por más de 66.5 millones de pesos que fueron observados previamente y que no habían sido solventados.

Se han encontrado contratos por más de 21 millones de pesos con 10 empresas que tenían menos de un año de haber sido constituidas al momento de recibir las adjudicaciones, e identificaron a 57 personas físicas que habrían obtenido contratos mientras se desempeñaban como funcionarios públicos en activo, así como 131 proveedores que omitieron publicar opiniones de cumplimiento ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El contralor del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, dijo que 5 empresas concentraron 77% del monto total de los contratos otorgados por los organismos electorales locales los últimos 15 años, equivalente a 2,461 millones de pesos.

Las compañías mencionadas son Cajas Graft, Corporativo Zeg, Comerciadora JVLY, Formas Finas y Materiales y Seriplast de México. También Plásticos y Metales MYC, que habría acumulado contratos con el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y el actual INE por unos 150 millones de pesos.

Según Carvente Contreras, existen coincidencias entre accionistas, apoderados y representantes legales de distintas compañías, lo cual forma parte de la revisión.

Otro de los casos expuestos por el auditor es la contratación de Territorium Life, encargada de proporcionar la plataforma digital para el examen de ingreso a licenciatura de la UNAM en 2026.

La ASF le aseguró precautoriamente repositorios de información y servidores informáticos, con el propósito de preservar pruebas para la investigación, que busca esclarecer irregularidades en la contratación y administración de la plataforma.

El procedimiento de ingreso a licenciatura de la UNAM se realizó por primera vez completamente en línea, pero tuvo que ser anulado después de fallas generalizadas, trampas sistemáticas y casos de suplantación de identidad con apoyo de herramientas de inteligencia artificial. En agosto, la universidad informó que daría por terminado anticipadamente el contrato con Territorium Life, pero sería sometido a revisiones de la ASF, el Órgano Interno de Control de la UNAM y un despacho independiente.

También se investigan responsabilidades de autoridades universitarias y particulares involucrados en la contratación y prestación del servicio.

La ASF también identificó esquemas de triangulación de recursos públicos y simulación de operaciones en Nuevo León y Sinaloa, en patrones de transferencias de recursos mediante pagos a proveedores, a través de cuentas bancarias de personas físicas y morales con vínculos familiares con servidores públicos.

En Sinaloa, la información señala que organismos estatales y municipales adjudicaron obra pública a una constructora constituida por dos familiares de un funcionario del gobierno estatal.

Durante la presentación de los resultados de fiscalización, se informó sobre la entrega de 374 informes de 42 auditorías municipales, 286 a estados y 46 a organismos del ámbito federal, en las cuales se identificó más de 9 mil millones de pesos pendientes de aclarar.

En el ámbito federal destacaron observaciones al Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios y a la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, que en conjunto sumaron 2,327 millones de pesos deben ser justificados.

En los estados, más de 1,200 millones de pesos están pendientes de aclaración, principalmente en los sectores educativo y de salud.

El auditor informó que los gobiernos estatales reintegraron 1,132 millones de pesos durante el proceso de fiscalización, de los cuales 553 millones correspondieron al sector salud.

En el ámbito municipal, las 42 auditorías realizadas dejaron más de 5,200 millones de pesos sin acreditar en cuanto a su destino.

Finalmente, el titular de la ASF dijo que en los primeros 6 meses de su gestión hubo 40 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, que fueron judicializadas.

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