GUAYMAS, Son., 1 de noviembre de 2026. – En seguimiento a la información que existe sobre 5 personas presuntas responsables de despojo de terrenos propiedad del Gobierno del Estado, ubicados en la Comisaría de San Carlos, la Fiscalía General de Justicia informó que los imputados permanecen vinculados a proceso, aunque un Juez modificó la medida cautelar contemplaba prisión preventiva justificada.
La determinación se emitió durante una audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por la defensa, en la que se presentaron datos de prueba relacionados con el arraigo de los imputados y la posible neutralización de riesgos procesales.
Entre las medidas impuestas destacan la prohibición de acudir a los terrenos materia de la investigación, así como de realizar cualquier acto que implique volver a ocuparlos; deberán presentarse a firma cada 15 días, exhibir una garantía económica y abstenerse de salir del estado.
La Fiscalía considera que la restricción de acceso al inmueble es una de las principales medidas de protección del patrimonio público y precisa que esta modificación corresponde exclusivamente a las medidas cautelares y no modifica la situación jurídica de los cinco imputados respecto de su vinculación a proceso. Tampoco es una sentencia absolutoria, declaración de inocencia ni exención de responsabilidad penal, pues el procedimiento judicial continúa y será la autoridad jurisdiccional la que determine lo conducente conforme al desarrollo del proceso.
Los hechos se relacionan con la probable “ocupación sin autorización” de terreno en 3 polígonos ubicados al norte del bulevar Tetakawi, que serían propiedad del Gobierno del Estado y que administra a través de su oficina de Bienes y Concesiones. El pasado 26 de octubre, la FGJES detuvo a 5 personas mediante órdenes de aprehensión y su posterior vinculación a proceso. Reiteró la Fiscalía que esos terrenos valen “cientos de millones” de pesos y forman parte del patrimonio público “de las y los sonorenses” y afirmó que continuará con actuaciones para esclarecer los hechos y buscará “la defensa de los bienes del Estado, con respeto al debido proceso, los derechos humanos y las determinaciones de la autoridad judicial”.



