CD. DE MÉXICO, 6 de noviembre de 2026. – Un juez federal mexicano, Luis Benítez Alcántara, fue detenido en Colombia por su presunta participación en una operación de sobornos para liberar a uno de los líderes de una organización internacional dedicada al tráfico de cocaína.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el jueves que el juzgador, de 49 años, habría recibido 2 millones de dólares por ordenar la libertad de Andrew Clark, segundo al mando de la organización presuntamente encabezada por Ryan Wedding.
Se le detuvo el domingo 1 de noviembre en Colombia y se anunció 4 días después. Estados Unidos pedirá su extradición para que enfrente 9 cargos federales por encubrimiento de delitos.
Benítez Alcántara fue juez de distrito en la Ciudad de México, según directorios oficiales del Poder Judicial de la Federación, como juez especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur. Está pendiente confirmar si enfrenta alguna investigación disciplinaria en México.
De acuerdo con autoridades estadounidenses, el juez tenía bajo su responsabilidad parte del procedimiento judicial relacionado con la extradición de Andrew Clark, detenido en México en octubre de 2024, e intervenía en las decisiones judiciales correspondientes mientras Estados Unidos buscaba trasladar al ciudadano canadiense para procesarlo por narcotráfico y homicidio.
Andrew Clark fue detenido el 8 de octubre de 2024 en Guadalajara, Jalisco. Un día después compareció ante la justicia mexicana, que ordenó mantenerlo detenido mientras avanzaba su procedimiento de extradición.
El 27 de noviembre de ese año, Estados Unidos solicitó su entrega para juzgarlo por tráfico de drogas y delitos violentos. Sin embargo, según la fiscalía estadounidense, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, Clark transfirió aproximadamente 2.75 millones de dólares, mediante intermediarios y en cantidades pequeñas, para conseguir su liberación.
Durante ese periodo habría negociado el pago de 2 millones de dólares en efectivo al juez Benítez Alcántara. La investigación sostiene que el 24 de febrero de 2025, el mismo día en que recibió la totalidad del presunto soborno, el juzgador concedió una medida de libertad bajo fianza y ordenó liberar a Clark.
La libertad duró pocos días. Clark fue detenido nuevamente y trasladado a Estados Unidos, donde actualmente enfrenta un proceso penal.
Los 2.75 millones de dólares corresponden a las transferencias que la fiscalía atribuye a Clark para gestionar su liberación; los dos millones representan el supuesto pago acordado con el juez.
Ryan James Wedding, conocido como “El Chapo Canadiense”, tiene 44 años y representó a su país en la disciplina de snowboard durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002.
Años después, las autoridades estadounidenses comenzaron a investigarlo por presuntamente dirigir una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína, con operaciones en Colombia, México, Estados Unidos y Canadá.
El Departamento de Justicia, Wedding y Clark habrían participado en operaciones para distribuir y exportar más de 1,800 kilogramos de cocaína entre marzo y agosto de 2024.
La organización es señalada por homicidios en Canadá y ataques contra personas relacionadas con sus actividades criminales y se le atribuyen vínculos a Wedding con el Cártel de Sinaloa.
Wedding ingresó a la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI en marzo de 2025 y Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información para su captura.
Fue detenido en México en enero de 2026 y trasladado a Estados Unidos, donde permanece bajo custodia federal y tiene previstos dos juicios para marzo y octubre de 2027.
El juez mexicano no está acusado de liberar directamente a Wedding, sino a Andrew Clark, identificado por los investigadores como su principal colaborador.
Según el Departamento de Justicia, Benítez Alcántara enfrenta 9 cargos federales de accessory after the fact, figura jurídica estadounidense relacionada con ayudar a una persona después de la comisión de un delito para impedir su detención, enjuiciamiento o castigo. Los nueve cargos anunciados corresponden a esa conducta de encubrimiento posterior al delito y si se le encuentra culpable, podría enfrentar una pena máxima de 15 años de prisión por cada cargo. La investigación contó con la participación del FBI, autoridades estadounidenses, la Policía Nacional de Colombia y agencias de seguridad de Canadá.



