OAXACA, Oax., 1 de mayo de 2026. – El exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, es investigado junto con 24 exintegrantes de su gabinete, por lo que podrían ser los desvíos de recursos públicos más grandes en la historia del estado.
Las autoridades los señalan por su posible participación desviar más de 98 mil millones de pesos durante su administración, en documentos oficiales.
El anuncio fue dado a conocer por la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, encabezada por Leticia Reyes, quien informó de 104 carpetas de investigación en análisis por parte de la Fiscalía Anticorrupción y del Poder Judicial de Oaxaca.
Las auditorías contables y físicas realizadas en 10 dependencias del gobierno estatal anterior revelan que se habrían encontrado múltiples irregularidades en proyectos de infraestructura considerados prioritarios, como el Centro Cultural Álvaro Carrillo, el Centro de Convenciones de Santa María Huatulco, el Circuito Interior, la zona de Símbolos Patrios y el complejo Casa Quetzal.
Se incluyen posibles pagos injustificados, fallas en planeación y ejecución de obra pública, recursos no comprobados, retrasos en entrega de maquinaria y equipo e inconsistencias en el manejo de cuentas públicas.
Ya fueron turnados 12 expedientes al Tribunal de Justicia Administrativa, mientras 104 carpetas están en poder de la Fiscalía de Control y del Tribunal Superior de Justicia del estado.
Las autoridades estatales investigan posibles delitos como abuso de funciones, ejercicio indebido del servicio público, uso ilícito de atribuciones, peculado, falsificación de documentos y desvío de recursos públicos, y se confirmó la inhabilitación de 19 exservidores públicos, quienes no podrán ocupar cargos en la administración estatal debido a faltas graves.
Uno de los puntos más delicados del caso involucra a la Secretaría de Salud durante el sexenio de Murat, al detectarse un esquema de dispersión de recursos descrito como una “estafa maestra”.
La investigación revela que al menos 3 mil millones de pesos habrían sido transferidos mediante 20 cuentas bancarias no registradas en la contabilidad oficial del gobierno, algunas de las cuales estarían vinculadas a particulares y, en ciertos casos, a identidades alternas o alias utilizados para dificultar el rastreo del dinero.
Otra línea de investigación apunta a retenciones del Impuesto Sobre la Renta a trabajadores del gobierno estatal, que no habrían sido enteradas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la autoridad sospecha de la retención indebida, como un daño ampliado al erario público durante la administración anterior. El gobernador Salomón Jara respaldó la investigación y aseguró que su administración no protegerá actos de corrupción del pasado, reiterando el compromiso de su gobierno con la transparencia y la rendición de cuentas.



