CD. DE MÉXICO, 17 de junio de 2020.- El juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal, Uriel Villegas Ortiz y su esposa fueron asesinados este martes en Colima, México, por hombres armados que también dieron muerte a su esposa.

Las autoridades han informado de sus muertes y las han condenado, pero no ampliaron detalles.

El ataque ocurrió antes de mediodía en su domicilio, en la capital de Colima, en la costa oeste del país. El juez se llamaba Uriel Villegas y estaba adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de la región.

SIN PROTECCIÓN

Hasta finales del año pasado, al menos un centenar de funcionarios de la justicia federal tenía algún tipo de protección en el país: 91 viajaban en carro blindado, 89 vivían con escoltas y 89 usaban “prendas de protección personal” como chaleco antibalas. Además, ocho gozaban de “medidas de protección provisional”, según el último informe de labores del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar.

Originario de Ciudad Juárez, Villegas llegó a Colima después de estar en Jalisco. En el informe de Zaldívar, presentado en diciembre, se mencionan las dificultades de impartir justicia en Jalisco: “El Estado se ha convertido en una zona de riesgo para la impartición de justicia (…) por lo que se llevaron a cabo las readscripciones y suspensiones conducentes”.

El poder judicial no ha respondió a requerimientos de información sobre la protección que ahora tienen, si la tienen, los impartidores de justicia.

Jueces como Villegas son los que aprueban detenciones de crímenes delicados como delincuencia organizada o narcotráfico, dijo una vocera del poder judicial al diario español El País. El diario Reforma describe que Villegas ordenó en 2018 el traslado de cárcel de Rubén Oseguera González, alias El Menchito, hijo del líder del cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera.

Hace dos semanas, la secretaría de Hacienda informó del golpe dado al cartel Jalisco, después de bloquearle 1,939 cuentas bancarias. Los investigadores de la Unidad de Inteligencia Financiera detectaron el movimiento de 20,000 millones de pesos  en esas cuentas antes del bloqueo.

El asesinato del juez ocurre además en un momento de transición en la justicia federal mexicana. En febrero, Zaldívar presentó una propuesta de reforma en el poder judicial, cuyo eje central, dijo, sería el combate al nepotismo y la corrupción.

Cuando preparaba la propuesta, el presidente de la Corte argumentó que “la corrupción y el nepotismo se alimentan de la impunidad que por mucho tiempo las ha acompañado. Que quede claro que esto se acabó, que no toleraremos a servidores públicos que anteponen sus intereses personales a los de la justicia”.

El mismo Zaldívar informó en vivo, del asesinato en Villegas, cuando el pleno de la Suprema Corte se reunía en sesión ordinaria este martes. El presidente la detuvo para avisar de lo que acababa de ocurrir afirmando que “es obligación del Estado garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, pero sobre todo de aquellos con valentía y vocación que se arriesgan para proteger los derechos de todos”.

ALTO GRADO DE VIOLENCIA

México registra elevados niveles de violencia desde hace años, con miles de asesinatos cada año, sin que haya resultados favorables de las estrategias de los gobiernos en turno. Durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), el Ejecutivo usó a las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado, pero ha habido quejas de aumento en violaciones a derechos humanos a cargode las autoridades.

Enrique Peña Nieto y su Gobierno apenas modificaron la estrategia y las cifras siguieron al alza. Incluso Peña creó un cuerpo de seguridad civil, la gendarmería, destinado a liderar el esfuerzo en seguridad, pero no trascendió, pues al llegar al cargo el presidente Andrés Manuel López obrador, el Congreso aprobó crear un nuevo cuerpo de seguridad, la Guardia Nacional, pero tampoco ha habido muestras de dar buenos resultados y hasta se ha modificado la ley, para que los militares puedan investigar y realizar arrestos, algo que en el derecho se maneja como una facultad propia de instituciones civiles.