CD. DE MÉXICO, 19 de agosto de 2024. – La Guerra Sucia fue un crimen de Estado permitido por las autoridades del más alto nivel en México.

Así cita el informe del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión de la Verdad, un grupo de trabajo creado en este sexenio que emitió el informe “Fue el Estado”, de 6 volúmenes, presentado el viernes 16 en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, por los comisionados Abel Barrera, David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricart, frente a víctimas y sus familiares de los abusos por el gobierno entre 1965 y 1990.

Cinco expresidentes, 5 secretarios de la Defensa, 1 exsecretario de Marina, 6 procuradores generales de la República, cientos de integrantes de instituciones de seguridad y gobernadores encabezan la lista de los presuntos perpetradores de delitos como la desaparición forzada, ejecución extrajudicial, detención arbitraria, tortura, persecución y otras violaciones a los derechos humanos.

Es una gran pirámide en cuya cima de presuntos responsables están los expresidentes Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, e integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

A los expresidentes e integrantes del Ejército se suman exsecretarios de Gobernación que tenían a su cargo la Dirección Federal de Seguridad, otra dependencia señalada por cometer innumerables violaciones a derechos humanos.

En la lista de ex secretarios de Gobernación aparece Manuel Bartlett, quien ocupó ese cargo entre 1982 y 1988, y actual titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Barrera, Pérez Ricart y Fernández Dávalos, y sus equipos de trabajo, hallaron evidencia de 8,594 víctimas, 11,743 violaciones graves a derechos humanos, 46 masacres y 123,034 personas desplazadas forzadamente.

Ubicaron a 591 perpetradores directos de violaciones a derechos humanos y 59 responsables de instituciones que toleraron los abusos cometidos en la llamada “Guerra Sucia”, como se le conoce a la etapa de persecución que las autoridades emprendieron en contra de toda disidencia.

Los expertos hicieron recomendaciones al Estado mexicano, entre ellas, que el presidente ofrezca una disculpa pública y reconozca la responsabilidad del Estado en este periodo (1965 y 1990); que se conforme un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones y hallazgos; crear un centro nacional de memorias para los derechos humanos; y que desaparezca la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para dar paso a un nuevo organismo de atención.

«El Estado mexicano reprimió, persiguió, castigó y disciplinó a toda disidencia política y a toda disidencia que, por cuestionar la hegemonía del Estado, fuera identificada como un riesgo”, concluye el informe del MEH.