HERMOSILLO, Son., 11 DE Enero de 2017.- El pasado 23 de diciembre, un Juez Federal con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, ordenó a la Procuraduría General de la República incluir al ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, y al ex procurador de Justicia Abel Murrieta Gutiérrez, como indiciados y/o imputados en la averiguación previa por el incendio de la Guardería ABC.
Las fuentes indican que el procedimiento surge por su probable responsabilidad penal en los delitos cometidos contra la procuración de justicia, al alterar y perturbar ilícitamente el lugar de los hechos y también, por desviar y obstaculizar la investigación y con ello, favorecer a los verdaderos culpables de la muerte y lesiones de menores, para que se sustraigan a la acción de la justicia.
De acuerdo a un comunicado de la organización defensora de los padres de las pequeñas victimas, ambos ex funcionarios, desde sus altos cargos, habría ordenado alterar y perturbar el lugar de los hechos para evitar que las investigaciones se centraran en el foco o punto de inicio del incendio que fue la bodega rentada para la Secretaría de Hacienda Estatal. Con ello, desviar la investigación hacia la Guardería ABC, sus empleadas y propietarios, así como del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
En un comunicado, padres de familia afirman que “la muerte y lesiones de nuestros menores hijos, no fue consecuencia de un accidente o un hecho fortuito, sino el resultado de una orden dictada por las más altas autoridades del Gobierno del Estado de Sonora”, y agregaron que en su afán de destruir documentación comprometedora, “llevaron a cabo su desaparición por la vía de un incendio sin considerar que a su lado estaba una guardería con 153 niños dentro”.
Incluso, se refuerza la hipótesis de que el incendio pudo haber sido provocado, ya que la empresa LGW Consulting México, contratada por la PGR para hacer el último peritaje, no encontró evidencias que permitieran determinar que el origen del incendio hubiera sido un corto circuito o falla eléctrica.
A más de siete años y siete meses de esta desgracia, la mayor tragedia infantil que ha ocurrido en México, un Juez Federal de Control ordena a la PGR incluir dentro de sus investigaciones como probables responsables a tan altos funcionarios. El exprocurador es actualmente diputado federal por el Distrito 06 con cabecera en Cajeme.



