SANTIAGO, Chile, 12 de septiembre de 2026. – Chile conmemoró este viernes 11 los 53 años del golpe de Estado de 1973, cuando las Fuerzas Armadas derrocaron al presidente Salvador Allende y el Palacio de La Moneda fue bombardeado, muriendo en su interior el mandatario.
Fue el inicio del régimen militar que encabezó Augusto Pinochet hasta 1990.
La conmemoración de este año ocurre sin un acto oficial del Gobierno, por primera vez desde el retorno de la democracia. Organizaciones de derechos humanos y otros sectores realizaron homenajes y actividades en memoria de las víctimas de la dictadura.
Desde marzo, cuando José Antonio Kast asumió como presidente de Chile, se esperaba ver si la conmemoración el 11 de septiembre se realizaría. Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022), de la derecha tradicional, condenó las violaciones a los derechos humanos, pero Kast continuó agenda habitual con un viaje a la región de Los Ríos, en el sur del país. Dejó abierta la puerta para que, si alguien quiere orar, en la misa que cada viernes se celebra en La Moneda, lo haga.
“No hay problema”, dijo. “Nosotros estamos hoy día orando por el Chile de hoy y el Chile del futuro”, sin querer volver la mirada al quiebre democrático del 11 de septiembre de 1973, cuando inició una feroz dictadura de 17 años, con muertos, desaparecidos y perseguidos.
El portavoz y ministro del Interior, Claudio Alvarado, dijo que el 11 de septiembre “es un día en el cual todos los chilenos se aproximan con diferentes tipos de sensibilidades y de sentimientos” y aseguró que, como Gobierno, son “respetuosos de esas aproximaciones”.
Kast lanzaba habituales mensajes en sus redes sociales apoyando el golpe de Estado. Hoy, como presidente, dijo que su postura “es conocida” y que valora “que no se olviden las fechas” porque forman parte de “nuestra historia”. La oposición de izquierda criticó que este año no exista un acto oficial y el silencio del Gobierno.
El Partido Socialista (PS), que encabazaba Allende, considera “inaceptable que un mandatario extranjero haya reinvindicado en Chile un golpe de Estado contra un presidente elegido, democráticamente”, refiriéndose en una declaración pública, a la frase con la que el presidente argentino Javier Milei, en un encuentro con el presidente chleno, se refirió a la izquierda como “zurdos mugrosos”. Para los socialistas, fueron “epítetos y groserías para referirse a quienes piensan distinto”.
Parlamentarios de la derecha tradicional cuestionaron a Milei, muy cercano a Kast. Uno de ellos fue el senador de la UDI Iván Moreira, conocido por el ferviente apoyo que dio a Pinochet.
El amplio triunfo de Kast en las elecciones de diciembre (ganó con un 58%, con voto obligatorio) consternó a la generación que fue víctima de la dictadura. En Chile, los crímenes de Pinochet son una herida abierta- Todavía hay más de 1,400 personas desaparecidas. En los tribunales, existen más de mil casos en investigación, la mayoría por torturas y sigue pendiente la extradición de exagentes de la temida policía secreta del régimen, la DINA, entre ellas la de Adriana Rivas y la de Armando Fernández Larios, ubicados en Australia y Estados Unidos.
Durante la campaña, en uno de los debates con otros candidatos, Kast evadió responder si indultaría a Miguel Krassfoff, un exalto oficial del Ejército que perteneció a la DINA y que acumula más de mil años de cárcel por cientos de ejecuciones, torturas y desapariciones, a cambio de entregar información sobre las personas desaparecidas. Hoy está detenido y acaba de reivindicar el golpe de Estado, en una carta que envió el senador democristiano, Iván Flores. “No necesito perdones, misericordias, favores ni mucho menos leyes especiales para tener mi libertad. Solo aspiro a que se apliquen las leyes vigentes”, dijo.
Kast ha dicho en varias ocasiones que es partidario de abrir un debate nacional sobre si los reclusos con enfermedades terminales o que ya no tienen conciencia de su situación, deben permanecer en prisión hasta fallecer.
Es lo que él denomina como los “temas humanitarios”. “Nadie merece morir en la cárcel sin saber que está en la cárcel”, señala, pero apunta a que es una discusión que debe darse en el Congreso y no zanja si el beneficio alcanzaría también a los violadores a los derechos humanos. La mayoría de los 140 reclusos que están en Punta Peuco tienen entre 70 y 80 años.
Es un asunto que, a diferencia del pasado, ahora Kast esquiva y maneja con precaución. En 2017, visitaba a presos de Punta Peuco y decía cosas como: “Más allá de las condenas, militares y civiles merecen justicia. Hoy en muchos casos priva la venganza por sobre la justicia”.



