Confirma la ONU: persiste la contaminación en el Río Sonora a 12 años del desastre

CD. DE MÉXICO, 10 de septiembre de 2026. – La Organización de las Naciones Unidas advirtió que la contaminación en el Río Sonora persiste a más de una década del desastre ambiental que reconoció la SEMARNAT, y las familias siguen consumiendo agua con metales tóxicos que ponen en riesgo su salud.

El relator especial de la ONU, Marcos Orellana, se reunió con los pobladores de los Comités de Cuenca Río Sonora para evaluar la situación y documentó serias fallas en el plan de limpieza del río, reparación de daños y tención a los enfermos.

Uno de los puntos críticos señalados por el organismo es el actuar de las autoridades mexicanas, pues el informe cuestiona que el gobierno prefiriera negociar directamente con la empresa Grupo México, en lugar de escuchar e incluir a los ciudadanos afectados.

La ONU expresó su preocupación, porque las autoridades han ignorado las sentencias y órdenes emitidas por la Suprema Corte de Justicia para proteger a la comunidad. Las exigencias principales de la población siguen pendientes, como un centro especializado para tratar envenenamiento por metales pesados, el plan para remover metales tóxicos del agua y del suelo, así como la reparación integral de los daños económicos y sociales para las familias afectadas.

El 6 de agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre, ubicada en Cananea, Sonora, derramó 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado y otros metales pesados en los ríos Bacanuchi y Sonora, afectando a más de 22 mil personas en 7 municipios. Llegó a las fuentes de agua potable, paralizando la economía agrícola y ganadera de la zona y provocó problemas de salud agudos y crónicos en la población por la toxicidad del agua.

Como principal responsable fue señalado el conglomerado minero del empresario Germán Larrea, dueño de la empresa operadora. PROFEPA y SEMARNAT apuntaron que la causa del desastre fue la falla en un tubo de demasías por falta de mantenimiento.

La Suprema Corte de Justicia obtuvo varios peritajes y determinó que las autoridades también tuvieron responsabilidad, pues los organismos gubernamentales incurrieron en omisiones al no supervisar adecuadamente la mina antes y después de la tragedia.

LA NEGATIVA SECUENCIA

En septiembre de 2014, el gobierno federal y Grupo México firmaron un fideicomiso voluntario por 2 mil millones de pesos para reparar los daños.

En febrero de 2017, las autoridades ambientales y la empresa dieron por cumplidos los objetivos y el fideicomiso se cerró, utilizando solo 1,250 millones de pesos. El resto fue devuelto a la minera.

Las promesas de infraestructura tampoco se cumplieron y sigue pendiente la instalación de 28 plantas potabilizadoras y un hospital especializado en toxicología.

Aplicaron multas administrativas a la empresa por 23 millones de pesos, pero ningún ejecutivo o funcionario público enfrentó responsabilidades penales.

En 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a las comunidades afectadas y determinó que el fideicomiso se cerró ilegalmente y sin consultar a los pobladores. Ordenó reabrir el caso para garantizar la atención médica y la limpieza ambiental.

En 2023, la SEMARNAT presentó una nueva denuncia penal contra Grupo México, al concluir que los trabajos de remediación entregados por la empresa fueron insuficientes.

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