GUAYMAS, Son. – Un estudio del sector privado local intenta exponer un problema de fondo en el tema de la disposición de agua de desecho.
Define problemática y propone soluciones, contemplando un renglón poco expuesto pero que sería la razón de una preocupación general entre quienes manejan la información de siempre, sobre problemas de salud que aquejan a la población y los limitantes que ello impone a la productividad.
Al comenzar la presente administración estatal, se decretó la emergencia sanitaria en Guaymas por la gran cantidad de aguas negras fugando de las tuberías de drenaje. No se ha anunciado oficialmente su levantamiento. Tampoco si avanza el proyecto de saneamiento propuesto.
Este es un resumen explicado de ese planteamiento:
“Este es un caso clásico y perfecto de injusticia social ambiental, ya que el problema no es técnico (sabemos cómo tratar el agua), sino político y distributivo.
Lo enmarco en la justicia social desde 4 ángulos clave:
1. Distribución desigual del riesgo (el más evidente)
Las plantas de tratamiento suelen ubicarse en zonas de bajos ingresos o periferias indígenas, mientras las élites reciben agua potable. Aquí, la carga de la contaminación (enfermedades, malos olores, tierras devaluadas) la soportan quienes menos contaminan y menos recursos tienen para mudarse o comprar filtros.
2. Igualdad de oportunidades (desde la cuna)
Un niño con diarrea crónica por agua sucia no solo pierde días de escuela, sino que sufre desnutrición y daño cognitivo irreversible. Eso le cierra puertas de por vida. La justicia social exige que el acceso al saneamiento no sea una lotería geográfica que determine el futuro de una persona.
3. Participación y voz (déficit democrático)
Quienes sufren el agua sucia rara vez son consultados sobre dónde verter los desechos o cómo financiar el tratamiento. La justicia social implica que esas comunidades tengan poder de veto y decisión en los proyectos que afectan su salud, no solo ser receptores pasivos de ayuda.
4. Reconocimiento y dignidad
Verter aguas negras sin tratar en los ríos de una comunidad marginada es un mensaje simbólico: «Tu vida vale menos». La justicia social exige que el Estado garantice ese servicio básico como un derecho humano, no como una caridad, porque la salud es condición previa para ejercer cualquier otro derecho.
Conclusión práctica:
Desde esta óptica, la solución no es solo construir una planta de tratamiento, sino:
· Financiarla con impuestos progresivos (que paguen más quienes más contaminan).
· Garantizar empleos locales en su operación.
· Monitoreo ciudadano con indicadores de salud pública.
El gobierno solo entuba el agua, pero no atiende la pobreza ni la participación, está haciendo ingeniería, no justicia social.
Que la contaminación afecte a todos los estratos sociales no anula la injusticia social; al contrario, la profundiza y la transforma. El caso de Guaymas lo demuestra claramente:
1. El daño es universal, pero la capacidad de protegerse es desigual
La contaminación de las bahías daña la pesca y el turismo, lo que impacta la economía de toda la ciudad. Sin embargo, mientras una familia con recursos puede comprar agua embotellada, instalar filtros o mudarse, una familia en situación de pobreza no tiene esas opciones y sufre las consecuencias en su salud y su bolsillo de forma mucho más aguda.
2. El conflicto de fondo: una lucha por el agua y la justicia
El problema no es solo técnico, sino que está en el centro de un conflicto histórico. El Pueblo Yaqui, que habita la región, ha visto sus derechos territoriales e hídricos vulnerados durante décadas. La escasez que vive Guaymas está ligada a esta disputa, al punto que han amenazado con cortar el suministro de agua al puerto para presionar por el cumplimiento de sus demandas de justicia.
3. El Estado responde con obras, pero persiste la desigualdad
Hay acciones en marcha que buscan corregir el problema:
· Planta Desaladora: Ya opera en Guaymas-Empalme para garantizar el abasto de agua potable, con una inversión de 345 millones de pesos.
· Plan de Justicia Yaqui: Incluye una inversión de más de 35,000 millones de pesos en obras de agua, drenaje y saneamiento para las comunidades yaquis, buscando reparar el daño histórico.
Sin embargo, la justicia social exige que esta inversión no solo solucione el síntoma (la escasez), sino que atienda la causa de fondo con participación real de las comunidades afectadas en las decisiones que impactan su entorno, como se ha reclamado en otros megaproyectos de la región. En resumen, el caso de Guaymas muestra que la injusticia social no es que el problema exista, sino que el costo de la contaminación lo pagan más los que menos tienen, y que las soluciones deben incluir tanto infraestructura como el reconocimiento pleno de los derechos de quienes han sido históricamente excluidos”.



