NUEVA YORK, EU. – Ismael “El Mayo” Zambada se declaró culpable de dos cargos por narcotráfico que le imputó el gobierno federal de Estados, con lo cual evitará un juicio, pero no podrá evitar pagar una multa de 15 mil millones de dólares.

Ante el juez Bryan Cogan de la Corte del Distrito Oeste de Brooklyn, New York, “El Mayo” le explicó al juez delitos que cometió como jefe del Cártel de Sinaloa, a partir de corromper policías, mandos militares y políticos “para que nos dejaran operar libremente».

En audiencia de 45 minutos, Cogan le explicó a “El Mayo” que al declararse culpable perdía todos los derechos que constitucionalmente le otorga Estados Unidos, para que el Departamento de Justicia a través de sus fiscales, le probaran todos los ilícitos que le imputan.

A los 33 minutos de la sesión, el juez Cogan le preguntó al capo sinaloense cómo se declaraba del cargo primero del encausamiento 466 y Zambada respondió con un “Culpable”, misma respuesta de la interrogante sobre el encausamiento con terminación 262.

Estaban presentes los fiscales del Departamento de Justicia y más de 30 agentes de la DEA que ocuparon las bancas del público que observaban al acusado cuando era interrogado o declaraba.

La declaración de culpabilidad de “El Mayo” es parte del acuerdo con el Departamento de Justicia tras la cual se avanzará hacia una sentencia a dictarse el 13 de enero de 2026. Luego, podría convertirse en testigo protegido o cooperante.

El juez Cogan pidió a la defensa que dos semanas antes del 13 de enero, quiere recibir el documento de guía de sentencia y a los fiscales les daría un plazo de una semana.

La guía de sentencia es la recomendación que hace el Departamento de Justicia pidiendo que no le apliquen la sentencia máxima de cadena perpetua, sino una pena de entre 5 y 10 años de prisión cuando se trata de los testigos cooperantes o protegidos del gobierno de Estados Unidos.

El juez le dijo a Zambada que le impondrá una multa de 15 mil millones de dólares como parte del acuerdo de culpabilidad que aceptó con el gobierno federal. Implica que él pague el dinero o que el monto de la sanción se recupere por medio de la confiscación de bienes y propiedades.