+ Con 86 votos a favor se impone el oficialismo a los 41 votos opositores
CD. DE MÉXICO, 11 de septiembre de 2024. – El pleno del Senado aprobó la reforma al Poder Judicial en lo particular a primera hora de este miércoles 11 de septiembre, luego de horas de debate y un cambio de sede, ante la irrupción de manifestantes.
Con 86 votos a favor y 41 en contra en votación económica, la iniciativa de reforma judicial será turnada a los Congresos estatales, donde deberá aprobarse por 17 de ellos para regresar al Poder Ejecutivo y convertirse en ley.
Más de 12 horas de discusión, la suspensión debido a un portazo en el Senado y en una sede alterna, Morena y aliados lograron la mayoría calificada en una de las reformas más polémicas de los últimos años, que busca, entre otras cosas, elegir ministros, jueces y magistrados a través del voto popular.
La oposición logró el voto de 43 legisladores entre el PRI, PAN y MC y a favor votaron Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM), que alcanzaron mayoría calificada, dos tercios del pleno del Senado, donde ahora se discutirá la iniciativa en lo particular.
El senador de la oposición que votó a favor de la reforma judicial fue el panista Miguel Ángel Yunes Márquez. El legislador veracruzano al inicio de la sesión ordinaria pidió licencia para ausentarse por motivos de salud durante la discusión de la iniciativa. Sin embargo, se reincorporó a sus funciones ya en la sede alterna de Xicotencatl en donde expresó su apoyo.
No votó el senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, se ausentó de la discusión. Sus compañeros de bancada reportaron una posible desaparición de él y su padre; luego se aclaró que habían ido a atender asuntos personales.
El siguiente paso es que cada uno de los Congresos estatales analicen, discutan y voten a favor o en contra de la iniciativa de reforma judicial. Para que esta propuesta sea oficial, 17 de los 32 (la mitad más uno) Congresos estatales deben votar a favor.
La oposición reclama que la reforma judicial propuesta es una maniobra para tomar el control del Poder Judicial, la única instancia que podría impedir que Morena y sus aliados puedan reformar la Constitución tras su aplastante triunfo en las elecciones 2024 en México.
