Escandalizan las cuentas de gastos en el INE

CD. DE MÉXICO, 21 de octubre de 2026. – Una revelación sobre la nómina del Instituto Nacional Electoral se transformó en un escándalo en todo el país.

Registros oficiales vinculan a Jonathan Navarrete Torres, chofer de la consejera presidenta Guadalupe Taddei, como apoderado legal de una empresa proveedora del organismo investigada por presuntas irregularidades.

El 28 de junio de 2023, Navarrete Torres habría recibido un poder general para pleitos y cobranzas por parte del Corporativo Zeg, facultad que le permitía actuar en representación de la firma ante autoridades federales, estatales y municipales.

El 15 de abril de 2025, fue contratado en el INE para trasladar a la presidenta del instituto, con un sueldo mensual de 45,765 pesos, pero en su declaración patrimonial del 30 de junio pasado, Navarrete omitió su vínculo con la proveedora y solo reportó un empleo previo en una empresa privada.

Corporativo Zeg, junto con Cajas Graf, acumula contratos para elaborar material electoral de alta seguridad. Las empresas han sido objeto de indagatorias de la Unidad de Inteligencia Financiera por presuntos nexos con el crimen organizado; de la Auditoría Superior de la Federación por prácticas ilícitas; y un expediente abierto en Comisión Federal de Competencia Económica por posibles prácticas monopólicas.

Ambas firmas ingresaron al Registro Único de Proveedores del INE el 1 de junio de 2023, apenas 2 meses después de que Taddei asumiera la jefatura del organismo.

La controversia escaló esta semana hasta la conferencia matutina de Palacio Nacional y, ante los cuestionamientos, la presidenta Claudia Sheinbaum exigió que el órgano electoral transparente sus procedimientos de contratación.

“Tiene que aclarar el Instituto Nacional Electoral sobre este caso y dar toda la información y la transparencia respecto a ello”, dijo Sheinbaum, al subrayar que la autonomía del instituto no lo exime del escrutinio público. Recordó que la Auditoría Superior de la Federación tiene atribuciones para auditar al INE al tratarse del ejercicio de recursos públicos.

El señalamiento sobre el chofer no es un hecho aislado: Jesús Octavio García González también se desempeñó como representante legal de Corporativo Zeg en 2023, antes de asumir la Dirección de Administración del INE bajo la gestión de Taddei, cargo que ocupó hasta abril pasado.

Exservidoras públicas de los institutos electorales de Oaxaca y Chihuahua que otorgaron contratos por 32 millones y 33.9 millones de pesos a Zeg y Cajas Graf, respectivamente, fueron nombradas en la Unidad de Género y en la Secretaría Ejecutiva del INE nacional. Se cuestiona el uso por parte de la presidencia del INE, de una camioneta blindada BMW ajena al parque vehicular oficial; no se aclaró tenía relación con las empresas proveedoras señaladas. El caso continúa y diversos sectores exigen investigación a fondo para deslindar responsabilidades y garantizar la integridad en el uso de los recursos del órgano electoral.

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