VERACRUZ, Ver., 7 de enero de 2027. – La Fiscalía General del Estado realizó un relevo clave en su estructura regional tras la controversia nacional generada por el caso del periodista Rafael León Segovia, “Lafita” León.
Karla Díaz Hermosilla dejó de fungir como fiscal regional Zona Sur, al quedar su actuación bajo cuestionamiento por haber imputado inicialmente el delito de terrorismo al comunicador.
Díaz Hermosilla ocupaba el cargo desde marzo de 2024 y su salida se da en medio de críticas por el manejo del expediente contra el reportero policiaco, quien es vinculado a proceso por otros delitos y bajo la medida cautelar de prisión domiciliaria. La Fiscalía veracruzana no ha emitido un posicionamiento oficial que detalle las razones de su separación.
El relevo fue confirmado con la designación de Braulio Salvador Conde Rivas como nuevo fiscal regional de la zona, con sede en Coatzacoalcos y el nombramiento lo dispuso la fiscal general Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre. Conde Rivas tiene trayectoria en la institución, particularmente en el combate al secuestro y la extorsión, área que coordinó durante ocho años en la región.
El origen de la polémica
El caso que detonó la destitución se remonta a diciembre, cuando Rafael León fue detenido por agentes de la Policía Ministerial y de la Secretaría de la Defensa Nacional.
La Fiscalía estatal lo imputó inicialmente por terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y ataques contra las instituciones de seguridad pública, lo que generó una reacción inmediata de organizaciones defensoras de la libertad de expresión.
Durante la audiencia celebrada el 30 de diciembre, un juez de control determinó que no existían elementos suficientes para sostener la acusación de terrorismo y el comunicador fue vinculado a proceso únicamente por encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, imponiéndosele prisión domiciliaria por un año.
Criminalización al periodismo
La imputación inicial por terrorismo fue señalada por organismos como Artículo 19 y la Sociedad Interamericana de Prensa como un caso grave de criminalización de la labor periodística y escaló al ámbito nacional, al grado de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó explicaciones públicas sobre la base legal de dicha acusación.
Posteriormente, la fiscal general Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre aseguró que en Veracruz se respeta la libertad de expresión y que se indaga a fondo sobre este tema.



