CD. DE MÉXICO, 15 de junio de 2025. – El Instituto Nacional Electoral (INE) revisa la validez del triunfo de Héctor Ulises Orduña Hernández, quien fue electo como juez mixto federal en Veracruz, pero se confirmó que el candidato permanece en prisión preventiva por el delito de abuso sexual agravado contra una menor de edad, su propia sobrina.
La Fiscalía General del Estado dice que Orduña Hernández fue detenido el 6 de abril de 2025 y vinculado a proceso por hechos ocurridos el 27 de septiembre de 2021, en una clínica en Poza Rica. Héctor Ulises presuntamente realizó tocamientos lascivos a la víctima, y la forzó a ver videos explícitos de él y su pareja, cuando la menor visitaba a un familiar.
El imputado podría estar vinculado con casos de pornografía infantil en Estados Unidos, lo cual agrava aún más su situación legal. Hoy está bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dentro del proceso penal 81/2025.
Según su ficha pública en el portal “Conócelos” del INE, Orduña Hernández fue postulado por el Poder Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de juez de Distrito en el circuito 7, distrito 2, con especialidad mixta. Se describe como un abogado con 20 años de experiencia en el ámbito jurídico y 15 años dedicado al litigio, con motivación para “combatir injusticias desde el servicio público”.
En un video publicado a sus redes en marzo, se describe a su mismo como “un juez diferente” y “un hombre decente”. Hablaba de fomentar la empatía, evaluaciones periódicas con polígrafo, antidoping y estudios socioeconómicos y educar sobre derechos humanos.
Tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Veracruzana, con diplomados en ciencias penales, derechos humanos, derecho constitucional y amparo, y formación en la Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura Federal.
El 8 de junio, Orduña Hernández obtuvo 44,221 votos y se colocó entre los 5 candidatos ganadores para el cargo de juez mixto federal en Veracruz.
Su caso ya figura en la lista de aspirantes inelegibles y el INE perfila anular su triunfo, pero necesita la confirmación oficial del estado procesal del acusado, un documento que acredite una sentencia firme o resolución judicial que lo inhabilite legalmente.
Uno de los principales cuestionamientos es que la información sobre su detención y proceso legal ha estado disponible desde abril en la página oficial de la Fiscalía, sin que se haya impedido su postulación. Además, en la plataforma “Conóceles” del INE, aparece como postulado por el Poder Ejecutivo, por eso el caso encendió alertas sobre la falta de revisión en perfiles de aspirantes a cargos públicos, sobre todo en procesos tan delicados como el de designar jueces federales.
