Gobernadora de Nuevo México califica de escandalosa la operación de la DEA en su estado

+ EEUU sanciona a personas y empresas mexicanas vinculadas al CJNG

ALBUQUERQUE, Nuevo México (EEUU), 30 de junio de 2026. – La gobernadora Michelle Lujan Grisham describió como un «fracaso asombroso» del gobierno federal, tras revelarse que la DEA permitió deliberadamente la entrada de fentanilo a las comunidades y anunció que el estado podría reclamar miles de millones de dólares en daños civiles.

La controversia se hizo escándalo tras conocerse que agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) monitorearon, pero no incautaron, cargamentos de fentanilo entre 2023 y 2025, presuntamente para construir casos penales más grandes, táctica que agentes como David Howell, consideran una apuesta peligrosa contra la seguridad pública.

El fiscal general del estado inició una investigación para determinar si funcionarios federales violaron leyes estatales al exponer a los residentes al opioide y la gobernadora Lujan Grisham, molesta, calificó la estrategia de «sucia» e «inmoral» asentando que «alguien debe pagar por el daño al estado”, para tratar de corregir los errores y recomponer la vida de las personas.

El alcalde de Albuquerque, Tim Keller, denunció que la ciudad fue utilizada en un «experimento desinformado» que está matando a su gente y saturando los servicios de salud.

El escándalo salpica a la anterior administración que encabezó el presidente Joe Biden, como a la actual de Donald Trump.

Las alertas comenzaron en 2023, pero el cargamento más grande documentado ocurrió apenas dos meses después de iniciado el segundo mandato de Trump.

La DEA inicialmente negó las acusaciones, pero ahora pidió una investigación independiente por parte del Departamento de Justicia.

Ni la Casa Blanca ni la DEA han emitido comentarios oficiales directos sobre las demandas de la gobernadora Lujan Grisham, quien recordó tragedias personales, como la muerte de una niña de 15 meses el año pasado por ingerir droga en un pueblo devastado por la adicción. La mandataria dijo que este es un daño que no se puede desestimar con política común y hoy, “todo lo que podamos hacer para evitar la próxima pérdida, es el trabajo que todos hacemos colectivamente».

Más sancionados de EEUU vinculados al huachicol fiscal y el CJNG

WASHINGTON, EEUU, 30 de junio de 2026. – El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 2 ciudadanos mexicanos y 9 empresas señaladas de integrar una red de contrabando de combustible que presuntamente financia al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) evadiendo al fisco.

La oficina del Tesoro impuso medidas contra acusadas de facilitar una red de huachicol fiscal, que genera decenas de millones de dólares para la organización criminal, anunció la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), como parte de una estrategia para cortar las fuentes de financiamiento del CJNG, organización que Washington considera Terrorista.

Entre los sancionados está Oscar Guillermo Juraidini Silva, un contador y operador financiero que presuntamente diseñó parte de la estructura empresarial utilizada por el CJNG para introducir combustible de contrabando desde Estados Unidos hacia México.

Juraidini creaba empresas fantasma, falsificaba documentos de Aduana y modificaba clasificación del combustible para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), lo cual atraía ganancias millonarias para el grupo criminal.

Además del empresario, fueron sancionadas 7 compañías con las que se le vincula:

Centro Cambiario La Peseta, S.A. de C.V.

OJ Living Trust, SAPI de C.V.

RK Real King, S.A. de C.V.

Soma Transporte y Servicios, S.A. de C.V.

Ogui Fletes.

OF Transportes.

Cucumber Sweet Waves Ltd., con sede en Reino Unido.

La OFAC ubica a estas empresas operando en los sectores financiero, inmobiliario y de transporte, desde donde eran utilizadas para facilitar las operaciones del Cártel.

El segundo ciudadano mexicano sancionado es J. Refugio Ruiz Villagómez, quien participaba en el ingreso ilegal de combustible desde Estados Unidos hacia México.

Las investigaciones sostienen que Ruiz Villagómez realizaba pagos a organizaciones criminales para facilitar el paso de combustible por los cruces fronterizos y mantenía vínculos con las empresas Jomadi Logistics & Cargo, S.A. de C.V. y Ahavat Logistics Solution, S.A. de C.V., también incluidas en la lista de sancionados.

El Departamento del Tesoro identifica operaciones por decenas de millones de dólares en el sistema financiero estadounidense, con terceros relacionados con el CJNG y actividades de narcotráfico.

Las sanciones implican que todos los bienes e intereses de las personas y empresas designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados, y ciudadanos y empresas estadounidenses tienen prohibido realizar cualquier tipo de transacción con los sancionados. Instituciones financieras extranjeras que faciliten operaciones con ellos también podrían enfrentar sanciones secundarias. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó que esto busca frenar las fuentes de financiamiento del CJNG, que ha diversificado sus actividades criminales más allá del narcotráfico mediante el robo, contrabando y comercialización ilegal de combustibles.

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