CD. DE MÉXICO, 13 de agosto de 2026. – La Suprema Corte avaló la constitucionalidad del Fondo de Pensiones para el Bienestar y determinó que el traslado de recursos de cuentas inactivas de Afores al fideicomiso no implica confiscar ni expropiar los ahorros de los trabajadores.
El Pleno declaró infundada la acción de inconstitucionalidad promovida por 185 legisladores de oposición, quienes argumentaron que la reforma impulsada en abril de 2024, durante el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, vulneraba el derecho de propiedad de los trabajadores sobre sus recursos pensionarios.
La reforma contempla transferir al Fondo de Pensiones para el Bienestar recursos de cuentas individuales inactivas pertenecientes a personas de 70 años o más que dejaron de trabajar y cotizar en el régimen del IMSS, así como de 75 años o más en el caso de trabajadores sujetos al ISSSTE. El monto involucrado asciende a casi 45 mil millones de pesos.
Al analizar el proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, la Corte concluyó que el cambio no modifica la titularidad de los recursos. La resolución establece que los trabajadores o sus beneficiarios conservan el derecho de reclamar el dinero en cualquier momento, por lo que la transferencia únicamente modifica la institución responsable de administrar esos recursos.
La ministra señaló que la reforma tampoco autoriza al Estado a apropiarse de los ahorros ni extingue los derechos de sus titulares.
La Corte consideró que el mecanismo cuenta con elementos destinados a ofrecer certeza y seguridad jurídica a los propietarios de los recursos, entre ellos la obligación de mantener una reserva financiera que permita garantizar la disponibilidad cuando los trabajadores o sus beneficiarios soliciten su devolución.
Además, el Fondo de Pensiones para el Bienestar cuenta con un Comité Técnico, encargado de establecer las reglas para la administración, inversión y entrega de los recursos y sus rendimientos.
El esquema también está sujeto a disposiciones de transparencia y rendición de cuentas.
Durante la discusión, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, reconoció que la creación del fondo generó inquietud y cuestionamientos respecto a una posible confiscación o expropiación de los ahorros, sin embargo, sostuvo que la reforma no elimina la propiedad de los trabajadores sobre sus recursos.
“Lo único que está ocurriendo es que se cambia de administrador hacia un mecanismo”, afirmó, al destacar que se mantienen garantías para que los trabajadores se puedan recuperar los recursos. Con la resolución de la Suprema Corte, queda respaldado el esquema creado en 2024 para administrar los recursos de cuentas inactivas y fortalecer el sistema de pensiones, bajo el argumento de que los ahorros continúan perteneciendo a sus legítimos propietarios.



