LA PAZ, B.C.S, 30 de abril de 2025. – En lo que va de este año se han denunciado 8 reportes ciudadanos por cierres o restricciones de acceso a las playas públicas, donde particulares instalaron portones, casetas u otras estructuras que impiden el libre paso.

Jorge Pavel Castro Ríos, contralor municipal, dijo que las construcciones se identificaron debido a reportes recibidos a través de App La Paz, y fueron clausuradas al no contar con los permisos correspondientes. Hoy supervisan 127 playas de los litorales del golfo de California y el Pacífico.

El Ayuntamiento continúa con un operativo de supervisión en la playa Cerritos, donde con apoyo de la fuerza pública, comercio y otras áreas municipales colocaron sellos de clausura en una caseta construida ilegalmente con la aparente intención de restringir el paso, incluso con plumas de acceso, por lo cual ciudadanos se organizaban para defenderlos su paso a la playa.

En 2023 el Ayuntamiento retiraba directamente los obstáculos al libre paso. Hoy contempla un proceso administrativo diferente y más riguroso, que implica un proceso donde las estructuras permanecerán con sellos mientras se realizan los trámites para ordenar la demolición, en instancias como Gestión Integral de la Ciudad, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en casos donde se identifica un posible delito ambiental e inclusive, el Ministerio Público, porque el tema se vuelve delito, como indica el Código Penal de Baja California Sur.

Respecto a las sanciones económicas, alcanzan los 200 mil pesos y en su caso, cancelación de concesiones otorgadas por la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT).

La autoridad confirmó que la ciudadanía de La Paz y todo Baja California Sur, creó un sentimiento de lucha en el cual colectivos, periodistas y ambientalistas denuncian más estos casos, con lo cual se han ido abatiendo viejas prácticas y el crecimiento desproporcionado.

El ayuntamiento aceptó que existe un vacío legal en la Ley de Bienes Nacionales, donde establece que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y los particulares deben definir las vías de acceso, pero no fija plazos ni características específicas para su cumplimiento. Es decir, pueden pasar 50 años y nadie los obliga y una defensa recurrente es argumentar que no impiden el paso si la gente va a pie.