Hermosillo, Sonora, 29 de Octubre 2013.- Por primera vez quedará establecido en una normatividad del Estado de Sonora, una disposición que garantizará estabilidad física, mental y económica, desde el seno familiar, a los menores con alguna discapacidad, así como imponer sanciones a quienes hagan mal uso del número de emergencias 066, según aprobó el Pleno del Congreso del Estado.

Se trata de dos dictámenes que fueron votados por unanimidad de la asamblea, el primero con proyecto de Decreto que reforma el Artículo 513 del Código de Familia para el Estado de Sonora, presentado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos a fin de proporcionar mayores herramientas a los grupos minoritarios y/o vulnerables.

Este Decreto, que surge de una iniciativa de los diputados Guadalupe Gracia Benítez, Karina García Gutiérrez, Rossana Coboj García, Abel Murrieta Gutiérrez y José Abraham Mendivil López, da cumplimiento a las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado Mexicano, a través de la ratificación de los convenios y tratados internacionales, como quedará establecido en el Artículo 513 del Código de Familia para el Estado de Sonora.

La modificación consiste en agregar que, respecto de los menores discapacitados o declarados incapaces, los alimentos se prorrogarán durante el tiempo que persista su discapacidad o hasta lograr su rehabilitación y pleno desarrollo, y comprenden además, todos los gastos adicionales que se generen por la misma condición de los discapacitados o declarados incapaces.

El segundo dictamen, con base a una iniciativa del diputado Gildardo Real Ramírez, adiciona diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Sonora, mismo que presentó al Pleno la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a fin de imponer una sanción que va de dos meses a dos años de prisión, y multa de diez a 100 días de salario, a quien utilice los números de emergencia para dar un aviso que resulte falso.

Se ha convertido en un atractivo para ciertas personas que, por cualquier motivo, consideran una diversión movilizar a los cuerpos de seguridad, reportando emergencias falsas que distraen la atención de las autoridades que, sin saberlo, se ven obligadas a actuar equivocadamente, al dividir al personal disponible para que acuda a atender las emergencias reales y las ficticias, destaca el dictamen.

Agrega que en caso de reincidencia, se impondrán de dos a cuatro años de prisión y multa de 50 a 200 días, y si la conducta del infractor provoca un accidente o daños, a consecuencia de una llamada o mensaje falso, se impondrá de tres a cinco años de prisión y multa de 50 a 200 días de salario.

Además de que el uso indebido de números de emergencia se perseguirá de oficio por parte del Ministerio Público, y cuando las llamadas o mensajes falsos los realicen menores de edad, se sancionará con servicios a favor de la comunidad, de acuerdo a lo que dispone la Ley que Establece el Sistema de Justicia para Adolescentes.