HERMOSILLO, Son., 4 de septiembre de 2025. – El desvío de recursos que llevó a prisión a dos exfuncionarios de la Secretaría de Educación y Cultura, llegó al menos a 290 millones de pesos, según el fiscal anticorrupción.
Hay más personajes de la política involucrados cuyas órdenes de aprehensión se encuentran pendientes de ejecutar.
Mauricio Ibarra Romo, titular Anticorrupción de sonora, dijo que los dos exservidores públicos que fueron vinculados a proceso, José Víctor González Guerrero, extitular de la SEC de 2081 a 2021, y Francisco Alberto Curiel Montiel, enfrentan un proceso por denuncias presentadas desde 2021.
La investigación dice que varios servidores públicos, a partir de 2018 y durante los ejercicios fiscales de 2018, 2019, 2020 y 2021, desviaron recursos alegando la existencia de un esquema de beneficios múltiples.
Dijo que se contrató un esquema, supuestamente para dar más prestaciones a trabajadores. Hoy, a través de diversas irregularidades, existe un desvío es de casi 290 millones de pesos.
Los dos exfuncionarios vinculados a proceso formaron parte del gabinete de Claudia Pavlovich Arellano, actual embajadora de México en Panamá y hoy están confinados en el Centro de Reinserción Social 1 de Hermosillo.
El resto de las órdenes de aprehensión según fuentes cercanas a la Fiscalía Estatal, se giraron contra Cristina Rodeles Valdez, Gabriel Alejandro Barranco Varela, Juan Antonio Fernández Ortiz y Ernesto de Lucas Hopkins. Todos laboraron en la SEC.
En el caso de Ernesto de Lucas Hopkins, fue titular de la Secretaría de 2015 a 2018; antes, fue presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional de Sonora, secretario particular del exgobernador Eduardo Bours Castelo y otras encomiendas en lo federal.
En 2022 abandonó al PRI y se integró a Movimiento Ciudadano, partido al que representa como diputado en el Congreso del Estado de Sonora.
EL DINERO PERDIDO
Durante 4 ejercicios fiscales señalados en la investigación, se desviaron recursos procedentes de la partida 1000 (servicios personales) para propósitos distintos.
En uno de los casos que más atrae, los responsables de administrar las finanzas de la SEC Se asociaron con una empresa privada, en la cual depositaron recursos públicos, lo cual contraviene la disposición legal de aplicarlos exclusivamente en lo que se aprobó dentro del presupuesto que aprueba el congreso estatal.
Sería un delito castigado con elevada pena de hasta 12 años de cárcel, si se confirma la acusación de desvío de recursos que hace el fiscal anticorrupción.
